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Caballas expresó ayer la “gran preocupación” con la que
aseguran venir observando “la proliferación de sentencias y
pronunciamientos judiciales desfavorables que afectan a
miembros de la Policía Local por hechos o actuaciones
relacionados con su actividad profesional”. Por ello,
considera preciso “analizar políticamente esta situación con
la finalidad de adoptar las medidas precisas en orden a
restablecer el prestigio de la Policía Local” y con este fin
ha solicitado el presidente Vivas la convocatoria de una
Junta de Portavoces extraordinaria. En un mes se han
conocido condenas contra cinco agentes.
Desde el Grupo Caballas aseguran venir “observando, con una
gran preocupación, la proliferación de sentencias y
pronunciamientos judiciales desfavorables que afectan a
miembros de la Policía Local por hechos o actuaciones
relacionados con su actividad profesional”. Así lo expresa
la calición en una nota de prensa remitida tras el último
caso conocido, el de tres policías de la Unidad de
Intervención Rápida (UIR) a los que el Gobierno de la Ciudad
se ha prestado a pagar la indemnización de 17.000 euros a la
que han sido condenados por golpear a dos jóvenes.
Para Caballas, las reiteradas condenas que se están
conociendo, “están dañando muy seriamente la imagen pública
de este cuerpo, lo que contribuye a devaluar su
importantísima función social”.
Caballas considera asimismo que es preciso “analizar
políticamente esta situación con la finalidad de adoptar las
medidas precisas en orden a restablecer el prestigio de la
Policía Local”.
Con este motivo, Caballas informa de que ha solicitado al
presidente de la Ciudad, Juan Vivas, que convoque una sesión
extraordinaria de la Junta de Portavoces, en la que los
Grupos Políticos sean informados “de todos los casos que
estén sometidos a los tribunales de justicia, el momento
procesal de cada uno de ellos y las consecuencias de todo
tipo que de ello se hubieran derivado”. A partir de dicha
información, la finalidad de esta Junta de Portavoces sería,
según los localistas, “establecer un protocolo de actuación,
y las medidas más adecuadas para evitar estos lamentables
sucesos”.
Respecto al pago de esta indemnización con cargo al erario
público, la portavoz adjunta del Gobierno, Mabel Deu, la
justificó este viernes en la existencia de una declaración
jurada de los agentes condenados en la que los tres dicen no
poder hacer frente al pago y en la responsabilidad
subsidiaria de la Ciudad.
El pasado mes de julio se daba a conocer por la familia del
afectado otro fallo judicial, en este caso, del Tribunal
Supremo, por la “brutal paliza” que recibió a manos de dos
agentes de la misma unidad de la Policía Local.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmaba la
sentencia condenatoria que dictara, el año pasado, la
Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta
contra dos agentes de la Unidad de Intervención Rápida (UIR).
Después de que se estudiara el recurso que fue presentado
por la defensa de los agentes, los magistrados confirmaron
la condena de dos años de cárcel por un delito de lesiones
agravado por el abuso de “superioridad” y atenuado por la
concurrencia de dilaciones indebidas, modificando únicamente
el periodo contemplado de inhabilitación. Así, los agentes
no podrán ejercer sus funciones durante un año y diez meses.
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tribunales
