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La Institución del Defensor del Pueblo, previa reunión de la
Junta de Coordinación celebrada hoy, ha decidido no
interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley
1/2013, de 14 de mayo, tras analizar detenidamente la
petición recibida de la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) y Stop Desahucios.
Estas entidades deseaban que se presentara como recurso un
texto cerrado preparado por ellas, a lo que se responde
recordando que el Defensor del Pueblo, de acuerdo con la Ley
Orgánica que lo regula, está obligado a actuar con plena
libertad e independencia de criterio.
Tal y como se explica en la resolución comunicada a los
interesados, este asunto ha sido sometido ya al Tribunal
Constitucional, dado que parlamentarios del Grupo Socialista
han presentado hoy mismo recurso contra la citada norma. La
intervención de la Institución no es por tanto necesaria
para asegurar la garantía de los derechos fundamentales y
las libertades públicas o para salvaguardar la adecuación
constitucional del ordenamiento jurídico.
Propuestas de la Institución
No obstante, en opinión del Defensor del Pueblo sigue siendo
necesario reforzar más la protección de los deudores
hipotecarios para impedir los efectos nocivos que se han
producido.
A juicio del Defensor del Pueblo, la Ley 1/2013 contiene
elementos positivos respecto de la regulación anterior, si
bien es todavía necesario establecer un procedimiento de
insolvencia de las personas físicas, para facilitar pagos
más flexibles y que exista una segunda oportunidad. Además,
es preciso aumentar las facultades de los jueces para
facilitar acuerdos entre acreedores y deudores e imponer, en
su caso, una solución razonable.
En abril de 2013, la Institución presentó en el Parlamento
actuaciones y propuestas para una reforma profunda en la
regulación de las deudas hipotecarias. También se pidió
limitar los elevados intereses de demora y los gastos de
ejecución, y establecer un proceso previo de conciliación
entre las partes que dote al juez de mayores facultades de
decisión.
Asimismo, la Institución pidió a la Asociación Española de
Banca (AEB) y la Confederación Estatal de Cajas de Ahorros
(CECA) que se comprometieran a informar a los deudores
hipotecarios de las nuevas posibilidades que les asisten
tras la entrada en vigor de la Ley.
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OPINIÓN
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NOTA DE PRENSA
