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Unión Progreso y Democracia (UPyD) considera que la
administración “debe prestar especial atención sobre que
empresas reciben los contratos para ofertar servicios
públicos”, pues “desde hace tiempo” dicen ser testigos “de
empresas que reciben dinero público y no cumplen por ejemplo
con el pago a sus trabajadores”. Este partido cree que la
administración “debe establecer los mecanismos necesarios y
hacer un especial seguimiento al cumplimiento integro de las
condiciones pactadas en sus contratos para que no vuelvan a
suceder episodios tan tristes e injustos como los que viven
los trabajadores del servicio de teleoperadores del 061”.
“Es totalmente necesario establecer de forma clara unos
mecanismos de fiscalización y de control para que las
empresas adjudicatarias cumplan con sus obligaciones
salariales con los empleados”, señalan, para agregar que hoy
la administración no puede permitirque ciertas
adjudicatarias sean impunes “actuando de manera urgente al
más mínimo incumplimiento o salario impagado”. “Las
condiciones económicas de España y Ceuta no pueden permitir
que se produzcan situaciones así”, indican.
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