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Para el Grupo Caballas, el Ayuntamiento “es un caos,
todos los servicios funcionan mal o muy mal”, y no existe
“una política de recursos humanos racional que obedezca,
como debería ser lógico, a unos objetivos hacia los que
orientar instrumentos y efectivos”. De ahí que anuncien que
exigirán al Gobierno un “plan de reordenación de sus
recursos humanos” para dotar de mayor eficiencia a la
administración.
“El Ayuntamiento es un caos. Todos los servicios funcionan
mal o muy mal. No existe una política de recursos humanos
racional que obedezca, como debería ser lógico, a unos
objetivos hacia los que orientar instrumentos y efectivos.
Las decisiones se van tomando de manera caprichosa y
descoordinada en función de los estados de ánimo de los
Consejeros y de las ganas de discutir que tengan en cada
momento entre ellos”. Esta es la opinión del Grupo Caballas,
que a través de un comunicado de prensa anunció ayer que
exigirá al Gobierno “un plan de reordenación de sus recursos
humanos”. Para caballas, “el resultado de este desorden
consentido, cuando no alentado, unido a la cada vez más
extraña distribución de funciones (proliferando las
encomiendas de gestión mal aceptadas por todos) está
llevando a la institución a unas cotas de deterioro
inadmisibles”. “La descompensación de la plantilla se ha
acentuado hasta convertir el organigrama de la Ciudad en una
cruel caricatura de lo que deber ser una administración al
servicio de la ciudadanía”, insisten.
Los representantes de Caballas consideran que negociados
clave con una gran carga de trabajo, tales como estadística
y registro, actas, contratación o intervención, “son
absolutamente deficitarios, mientras en otros servicios,
empresas o dependencias, existen numerosos empleados
públicos infrautilizados”. “Esta situación -añaden- está
perjudicando ya, muy seriamente, a los ciudadanos que ven
cómo la tramitación de sus expedientes sufre azares y
avatares que los complica y ralentiza injustamente”.
Ejemplos de “expedientes públicos atascados” podrían ser,
según Caballas, el abierto a la empresa que gestiona ‘La
Pecera’, en mayo de 2012 y que aún no se ha cerrado; el de
la empresa Tecnocontrol (mantenimiento del auditorio) a
principios de año, que no se ha sustanciado; el expediente
de recuperación de la parcela de Huerta Molino (de 2010); la
liquidación de la promoción de Monte Hacho (entregada en
2010) que no se ha efectuado; la ordenanza de protección de
animales, iniciada en 2011…”. “La relación podría no tener
fin”, rematan los localistas.
Por ello, Caballas “exigirá al Gobierno una revisión de su
distribución de efectivos y plan de reordenación de sus
efectivos para frenar un proceso de deterioro de los
servicios inaceptable para los ciudadanos”.
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coalición
