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sociedad - DOMINGO, 11 DE AGOSTO DE 2013


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El seguro médico para ‘ilegales’ costará 60 euros a los menores de 65 años y 157 para mayores

El Ingesa explica que pueden optar a él todas las personas que no son beneficiarias del SNS, en base al Real Decreto aprobado por el Ministerio de Sanidad el 26 de julio
 

CEUTA
Patricia Gardeu

ceuta
@elpueblodeceuta.com

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 27 de julio las características del nuevo seguro sanitario que propone el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El Ingesa explica que pueden optar a él todas las personas que no son beneficiarias del Sistema Nacional de Salud. Es el caso de los inmigrantes ilegales, los cuales también pueden solicitar este seguro “si tienen residencia legal desde un año antes a la solicitud”. “Se hará mediante un convenio individual que todavía está por regular por parte del Ministerio de Sanidad”, informa la institución sanitaria en Ceuta.

Un total de 60 euros menusales para las personas menores de 65 años y de 157 euros para los mayores de esa edad será lo que cueste el seguro médico que propone el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Así lo recoge el BOE (Boletín Oficial del Estado) del pasado día 27 de julio, donde se publica el Real Decreto 576/2013, de 26 de julio, por el que se establecen los requisitos básicos del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria a personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud. Con este nuevo texto se modifica el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud.

El Ingesa explica, a través de sus fuentes oficiales, que este Real Decreto “abre la posibilidad de abonar una cuota mensual por recibir asistencia del Sistema Nacional de Salud, según la cartera común básica de servicios, a todas aquellas personas que no tienen el derecho concedido”.

El artículo 6 de dicho Real Decreto hace referencia a esta contraprestación económica a abonar por la persona que suscriba el convenio especial. Esta cuota mensual podrá ser incrementada por las comunicades autónomas cuando se incorporen en el convenio especial otras prestaciones asistenciales de la cartera de servicios complementarios, pero en el caso de Ceuta se regirá estrictamente lo que establece el Ministerio de Sanidad, puesto que las competencias no están transferidas.

Forma de pago

El pago de esta contraprestación económica mensual se realizará en la forma que se determine por las administraciones públicas competentes. Además, las personas que hayan suscrito el convenio especial de prestación de asistencia sanitaria tendrán derecho a la devolución total o parcial del importe de aquellas cuotas que por error hubiesen abonado.

La finalidad de este convenio, según recoge el Real Decreto, es “garantizar” el acceso a las prestaciones de la cartera común básica de servicios asistenciales en las “mismas condiciones de extensión, continuidad asistencial y cobertura” en todo el Sistema Nacional de Salud de que disfrutan las personas que sí son aseguradas o beneficiarias.
 


Los españoles residentes en Tetuán o Tánger no se podrán acoger puesto que es necesario vivir en España

Este Real Decreto no pone solución al problema que llevan años denunciando los españoles residentes en zonas como Tetuán, Tánger u otras localidades cercanas a las fronteras españolas. “No podrán acogerse puesto que es necesario ser residente en España”, explican desde el Ingesa. Estas personas españolas, trabajadores de instituciones nacionales como el Instituto Cervantes o colegios españoles -y por lo tanto cotizantes a la Seguridad Social española-, eran atendidas en Ceuta hasta que en el año 2007 se les empezó a denegar la atención sanitaria, especialmente a enfermos crónicos. Políticos de un signo y de otro, como el delegado del Gobierno actual, Francisco Pérez González, cuando era diputado del PP y gobernaba el PSOE, prometió soluciones, lanzando una batería de preguntas en 2008. También el director territorial del Ingesa, Ferando Pérez-Padilla, o el diputado por el PSOE Gaspar Zarrías se comprometieron a estudiar esta situación. Pero las alternativas y soluciones para este colectivo nunca llegaron.
 


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