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El Gobierno de Ceuta apoyó ayer la propuesta de déficit
para las administraciones autonómicas que ha presentado el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que ha acudido
en representación de la Ciudad Autónoma el consejero de
Programación y Relaciones con otras Administraciones,
Francisco Márquez.
“Ceuta está absolutamente comprometida con los esfuerzos del
Gobierno para implementar las reformas imprescindibles para
salir de la crisis, y volver a un escenario económico de
generación de actividad y de empleo, y por tanto ha querido
hacer visible ese compromiso leal y responsable”, explicó
Márquez al término de la reunión.
El panorama al que se enfrentan los responsables de las
finanzas de las administraciones públicas es
“dramáticamente” diferente al de hace un año en términos de
mejora. “Hace un año la mayoría de los partidos y analistas
económicos exigían que se pidiera el rescate de España, y
hoy el país es de nuevo considerado solvente y se financia
con tranquilidad en los mercados internacionales”, remarcó
Márquez. Y a ello han contribuido, precisamente, las
decisiones que se ha ido adoptando en el CPFF, como la
reducción del déficit estructural, la consolidación fiscal o
de los objetivos de estabilidad presupuestaria en la primera
ley orgánica del Gobierno, y una balanza exterior que ahora
arroja números positivos, lo que significa que “ya no nos
financiamos en el exterior y reducimos el conjunto de
nuestra deuda”. En definitiva, “las autonomías ya son el
problema de la economía española, pero hay que proseguir con
el esfuerzo”, recordó el consejero.
Así, se han establecido objetivos diferenciados de déficit
para las comunidades autónomas en 2013 (una circunstancia
que no afecta a Ceuta) para situarlo en 2014 en el 1%; en
2015, en el 0,7% y en dos décimas en 2016. Para el conjunto
del Estado el límite de déficit público para este año esta
situado en el 8,5% y está comprometido con la Unión Europea
situarlo por debajo del 3% en 2016.
Otra iniciativa anunciada ayer por el Ministerio en el CPFF
ha sido el informe remitido al Gobierno sobre la Ley de
Control de la Deuda Comercial del Sector Público, que
impondrá la obligatoriedad a las administraciones de pagar
sus facturas en un plazo de 30 días, en palabras de Márquez,
“una gran noticia para los proveedores de las
administraciones”. Para ello, según ha explicado el ministro
de Hacienda, Cristóbal Montoro, a los consejeros, los
interventores de los ayuntamientos comunicarán directamente
al Ministerio los incumplimientos de lo que se denominará
“periodo medio de pago a proveedores”, y el Ministerio podrá
aplicar medidas correctivas contra la administración morosa.
Este plazo es consecuencia de la Ley de Morosidad y sigue la
línea marcada en otras iniciativas como el Plan de pago a
Proveedores, la introducción de la factura electrónica o el
criterio de caja en el abono del IVA.
“Día a día se evidencian signos de mejora de la situación
económica de justo país, prueba evidente de que las rearmas
que se emprendieron hace año y medio comienzan a dar frutos.
España va mejorando, y eso es bueno para Ceuta, por eso
continuaremos apoyando las reformas del Gobierno de Mariano
Rajoy”, concluyó el consejero.
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