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Nada más mencionarlo lo busqué sin perder un minuto porque,
aun sabiendo lo que significa, siempre tiene uno la
curiosidad de saber cómo es la definición académica, la de
los sabios de los diccionarios, y decía así: cinismo:
Desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de
acciones o doctrinas vituperables. Y, efectivamente,
significaba lo que eres, por eso me acordé de ti nada más
escuchar esa palabra. De un tiempo a esta parte, el SEPE
(antiguo INEM), conocido a través de la céntrica Oficina de
Empleo de Ceuta, se ha convertido en un lugar público de
graves riesgos laborales y peligros psicofísicos para
propios y extraños, para empleados y ciudadanos (en adelante
usuarios).
Los últimos episodios vandálicos (una silla voladora que
impacta contra empleados públicos, etc.), sin duda hechos no
aislados que hay que encuadrar en una ciudad cada vez más
insegura y violenta, son los que han trascendido a los
medios de comunicación; pero otros, para variar, se han
sufrido en silencio -a modo de hemorroides administrativa-
en un contexto laboral de gran inseguridad y desprotección
institucional, presentando los trabajadores públicos un
cuadro de enorme preocupación y ansiedad crecientes: solo
falta saber quién, a quién, cuándo y cómo va a ser el
próximo altercado o alteración del orden público (eufemismo
que esconde delitos de atentado, amenazas claras o veladas,
graves insultos en distintos idiomas, escupitajos y toda
suerte de faltas de respeto y peligros cuasidiarios
dirigidos contra los indefensos trabajadores públicos),
teniéndose la certeza del dónde y de que la situación de
inseguridad/desprotección crece día a día entre los que
podríamos calificar como “sufridores públicos”, los cuales
actúan, como pueden, de sparring frente a esta violencia
siempre injustificable. Al parecer ya se han producido
varias bajas laborales entre el personal de “primera línea
de fuego” por el desgaste psicofísico ante los ataques de
vándalos impunes.
La Oficina de Empleo dispone como medidas de seguridad de
dos magníficas alarmas (una contra incendios y otra
antirrobos) y también de de un magnífico vigilante de
seguridad, solo, muy solo ante el peligro. No dispone de
ningún otro sistema de seguridad -como en otros lugares de
la Administración como Hacienda, Seguridad Social, la
Prisión, el Ayuntamiento, entre otros- para
controlar/disuadir/reconducir a cualquier usuario indignado,
drogado, maleducado, violento que, en ocasiones, se
transforma en un vándalo. El esquema de ataque vandálico se
repite sin cesar: ante el requerimiento de requisitos
obligatorios por parte del funcionario de turno, casi
siempre de manera inmediata, a modo de ataque relámpago, el
usuario contrariado/a crea el follón o escandalera pública
con la mayor violencia verbal y visual durante algunos
minutos, y, cada vez más a menudo, actúa físicamente de
forma agresiva “tratando de salirse con la suya”, con todo
lo que tiene a mano (una silla, etc.) o lleve encima (una
pistola de fogueo, etc) sin ningún tipo de control,
intimidando a propios y extraños. Hasta ahora la suerte, la
gran profesionalidad de sus empleados públicos y la
valiente-eficaz intervención de algunos vigilantes de
seguridad han evitado a día de hoy daños mayores contra las
personas, incluidos los pacíficos usuarios del SEPE frente a
vándalos descontrolados de distintas etnias, sexos y edades,
que prácticamente campan a sus anchas por la Oficina de
empleo ante la inexistencia de medidas de seguridad
elementales y eficaces. Y eso ellos/as lo saben
perfectamente. A ver si cuela el numerito de intimidación
para saltarse las normas y las reglas. Ellos tienen sus
propias normas, las que se imponen por la violencia, el
griterío y el insulto. Las “reglas de juego” pacíficas, de
respeto a las normas por las que nos regimos en nuestra
sociedad democrática no van con estos individuos.
Así las cosas, uno de los derechos contemplados en el EBEP
(Estatuto Básico del Empleado Público), en su artículo 14,
es el derecho del trabajador público a “recibir protección
eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”. Como
ya hemos señalado más arriba, en bastantes centros de
distintas Administraciones Públicas ubicados en Ceuta se
disponen de medidas de seguridad -tan eficaces como legales-
para desarrollar con normalidad y seguridad las funciones
propias de su ámbito, siendo una irresponsable e inexcusable
excepción el SEPE. Las dos alarmas y el vigilante no sirven
para lo verdaderamente importante: evitar los riesgos y
peligros de personas (energúmenos) contra las personas que
trabajan o asisten como usuarios civilizados a esta Oficina.
Cada vez es mayor el número de empleados y vigilantes que no
quieren prestar servicio en la Oficina de empleo ante la
desprotección e inseguridad sufridas ante la ausencia de
medidas de seguridad y disciplinarias eficaces -por parte de
la Administración- para frenar estos crecientes actos
violentos contra empleados públicos en el ejercicio de sus
funciones. Y lo que es más: empiezan a detectarse indicios o
señales de próximos casos de “burnt out” o de trabajador
quemado no por el trabajo en sí, muy necesario en una ciudad
con tercermundistas tasas de paro de las más altas de la
Unión Europea, sino por la desprotección institucional ante
los violentos/as. De nuevo, papel mojado para el artículo 14
EBEP. Y no exagero.
Las medidas de seguridad a tomar son de libro: arcos
detectores de metales y escáner, cámaras de vigilancia en la
sala de espera o recepción de usuarios respetando la Ley de
Protección de datos; control de documentación de cada
usuario mientras permanezca en la Oficina, no siendo
suficiente con presentarse con la cita previa asignada;
timbres en cada mesa de tramitación para avisar al vigilante
de seguridad en caso de alteración vandálica o histérica;
dotar de dos vigilantes a la Oficina… No vendría de más
ofrecer formación en prevención de riesgos laborales,
resolución de conflictos a los empleados y directivos
públicos. Además por parte de los directivos, habría que
evitar sobrecargas de trabajo a los funcionarios reduciendo
las citas de usuarios a atender, pues no se trata de ganar
records estadísticos o productivos a costa de la salud de
los trabajadores, potenciando además la rotación en los
puestos de trabajo de más desgaste, entre otras medidas.
Por otra parte, junto a las medidas de seguridad expuestas
en el párrafo anterior, convendría que se adoptaran otro
tipo de actuaciones punitivas o preventivas para que estos
violentos no se vayan de rositas y se “contagie” la
violencia a los pacíficos: denunciar a la policía las
agresiones y amenazas de todo tipo; llevar a los tribunales
a estos lamentables usuarios para que se adopten medidas
judiciales de diversa naturaleza coercitiva-punitiva;
comunicar estos incidentes al superior jerárquico
administrativo para que conste oficialmente el incidente y
consiguientemente se adopten las medidas oportunas (de
seguridad, disciplinarias, preventivas, etc.), pues de no
reflejarse el altercado convenientemente el Centro directivo
correspondiente o la Delegación del Gobierno lo
interpretaría como un Sin Novedad en el frente, perdón,
quise decir en el SEPE. Lo que no consta, no existe y a
seguir sufriendo en silencio. Conviene no olvidar que los
que seguimos las “reglas de juego”, los no violentos,
debemos ser “valientes” y actuar como ciudadanos activos
-con sangre y dignidad en las venas- con todos los medios
que nos proporciona la Ley para combatir a estos
impresentables machitos e histéricas. No debemos esperar a
que los empleados-usuarios valientes tiren del carro para
que se beneficien los demás. La gente (empleados y usuarios)
no quiere problemas y, a menudo, ante agresiones y amenazas,
no hace nada. Y si no se hace nada, ahí incluyo a la desidia
o falta de previsión de la Administración para adoptar
medidas eficaces de seguridad, los problemas que se quieren
evitar se convierten en pesadillas. TOLERANCIA CERO DE TODOS
ANTE LAS AGRESIONES Y AMENAZAS.
De otra parte, los medios de comunicación o cuarto poder
deberían estar al tanto de estos incidentes no para aumentar
la cuota de audiencia o de lectores morbosos para saber, a
modo de quiniela futbolística, si han agredido a un usuario
o a un empleado público -un trabajador más, tan vituperado
como denigrado en los últimos tiempos- sino para denunciar y
desenmascarar/combatir a estos transgresores de la legalidad
vigente que tanto daño hacen al Estado de derecho, la
democracia, la convivencia en la “Ciudad de la Convivencia”.
BASTA YA.
La pregunta del millón: si tras denuncias formales,
artículos, etc. se produjera un grave incidente en la
Oficina de empleo con resultado de muerte o graves lesiones
tanto de empleados como de usuarios, Sr. Delegado del
Gobierno, ¿quién sería el responsable o los responsables de
permitir en un Centro administrativo estos execrables hechos
en esta ciudad oficialmente tan segura , realmente
perturbada por toda suerte de hechos delictivos “puntuales”
tales como robos, apuñalamientos, tiroteos, asesinatos,
detenciones terroristas…?
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OPINIÓN
/
COLABORACION
