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CSI-F informó ayer a través de un comunicado que la
Administración General del Estado, tras los continuos casos
de agresiones que se están produciendo contra los empleados
públicos en el desempeño de su trabajo, tal y como ocurrió
hace un par de semanas en el Servicio Público de Empleo
Estatal en Ceuta. El protocolo que pondrá en marcha la
Administración incluiría, según las recomendaciones de CSI-F
un registro sistematizado de agresiones en todos y cada uno
de los ámbitos administrativos.
La Administración General del Estado (AGE) va a poner en
marcha un protocolo de actuación para hacer frente a los
casos de agresiones que sufren los empleados públicos en el
desempeño de su trabajo, dado que desde el comienzo de la
crisis este tipo de situaciones conflictivas se han
incrementado de manera exponencial, según los testimonios de
los trabajadores y la información recabada por los delegados
sindicales.
Los casos extremos son las agresiones o intentos de
agresiones, pero también insultos, descalificaciones,
amenazas o imprecaciones que, según CSI-F, deben
contemplarse como situaciones de violencia en el trabajo y
abordarse desde un punto de vista preventivo.
No en vano el pasado día 12 una trabajadora del Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE) en Ceuta denunciaba ante la
Policía Nacional la actitud que había tenido un usuario del
centro un día antes, calificándola como muy agresiva.
Campaña de desprestigio
CSI-F, a través de un comunicado ha resaltado que, desde el
comienzo de la crisis, los empleados públicos han sido
objeto de una campaña de desprestigio, una operación de
acoso y derribo en la que se nos responsabilizó directamente
de las causas de la recesión, poniéndose en cuestión nuestra
labor, el volumen de las plantillas e incluso nuestra
función social.
Además, la congelación de la oferta de empleo público y la
destrucción de puestos de trabajo han mermado las
plantillas, contribuyendo a una importante sobre carga
laboral que afecta de manera negativa a los servicios que
reciben los ciudadanos, que se prestan ‘cara al público’ en
situaciones muy adversas.
Este es el caso, por ejemplo, de los servicios de empleo, a
los que los ciudadanos llegan en muchas ocasiones afectados
por situaciones personales y familiares especialmente
graves; las sedes judiciales; las jefaturas de Tráfico, las
delegaciones de Hacienda y desde luego, ‘puntos calientes’ y
especialmente sensibles como las prisiones.
Tras las presiones y la campaña informativa de CSI-F
emprendida a lo largo de los últimos meses (“Zona sin
violencia. Gracias por respetarnos”, lanzamiento de un
Observatorio contra las Agresiones), la Administración se ha
comprometido a lanzar un protocolo que haga frente a
situaciones conflictivas en los diferentes sectores de la
Administración y saque a la luz este problema.
Agresiones
El protocolo que pondrá en marcha la Administración
incluiría, según las recomendaciones de CSI-F, de entrada,
un registro sistematizado de agresiones en todos y cada uno
de los ámbitos administrativos, actualmente inexistente
salvo en algunos sectores como el sanitario o el educativo,
tradicionalmente más expuestos a este tipo de situaciones y
con más experiencia en su tratamiento. El protocolo habrá de
incluir igualmente planes de prevención, actuación y
protección ante situaciones violentas.
CSI-F reclama la implicación de la Administración en la
prevención implantando una Cultura de Tolerancia Cero ante
las situaciones violentas, integrar la prevención en la
gestión de la Administración, mejorar las condiciones de
trabajo, el entorno y las medidas de prevención y agravar
las penas a nivel de delito y agresión a la autoridad. “Las
agresiones que sufren los empleados públicos en el desempeño
de su trabajo son un reto a afrontar desde ya, porque
cualquier violencia en el trabajo resulta inaceptable”, se
resalta desde CSI-F.
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