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La barrera de la mayoría absoluta
del actual Gobierno parecía infranqueable, permitiendo que
el Sr. Rajoy pudiera seguir atrincherado sin comparecer en
el Parlamento, ni ante la opinión pública, ante la avalancha
y cúmulo de informaciones que desbordan a los medios de
comunicación y la multitud de escritos y declaraciones que
se reunen en los archivos del juzgado.
El principal partido de la oposición, así como el resto de
fuerzas políticas, han intentado por diversos procedimientos
reglamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado, que
los representantes elegidos por el pueblo, así como la
ciudadanía, pudieran conocer las explicaciones del
Presidente del Gobierno, respecto a los hechos manifestados
del que fuera Tesorero y hombre de confianza del Sr. Rajoy.
Su pertinaz negativa ha seguido incrementando la “avalancha”
que nos está llevando a un estado de alarma social sin
precedentes, en el ámbito de la falta de transparencia y de
claras explicaciones sobre los oscuros y turbios manejos que
presuntamente desde Génova se han coordinado, sobre
presuntas irregularidades de financiación, sobresueldos,
caja B, comisiones…así como respecto a connivencias con el
que fuera Tesorero del PP, señor Bárcenas.
El Secretario General del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
exigió la dimisión inmediata del Sr. Rajoy, dado el cariz
que han tomado los acontecimientos, pues el Presidente del
Gobierno en estos momentos está afectado por problemas
éticos y morales, para estar ejerciendo sus funciones y
representar a España, sin que surjan presuntas sospechas de
su actuación y la de la cúpula de su partido, las cuales en
vez de disiparse cada vez se están acrecentando, por la
circunstancia de la no comparecencia en sede Parlamentaria y
aclarar todas las dudas que asaltan a los Diputados de la
oposición y a la opinión pública. Lo anterior no deja de
reconocer la legalidad y legitimidad de su mandato, que
nadie niega, pero no pueden soslayarse determinados
principios éticos a los que hemos hecho alusión.
Después de una ronda de consultas con el resto de fuerzas
políticas, el Sr. Rubalcaba terminó por presentar una Moción
de Censura, dado que no había otra posibilidad de conseguir
que el Presidente del Gobierno se dignara a acudir al
Parlamento y diera las respuestas pertinentes a los
representantes de la soberanía popular, así como a los
ciudadanos. Los términos de la citada Moción son, que se
llevará adelante, a no ser que el Sr. Rajoy comparezca en el
Parlamento.
El PSOE está anteponiendo los intereses del país a los suyos
propios, y ha apostado porque prevalezca el derecho del
Parlamento y de los ciudadanos a disponer con toda claridad
y transparencia de un mayor conocimiento en profundidad de
lo sucedido. Al margen de la vía judicial están las
responsabilidades éticas y políticas, que gracias a la
comparecencia inevitable promovida por la Moción de Censura,
junto a otras fuerzas políticas, podremos tener la
oportunidad, afortunadamente, de escucharla. Lo más deseable
sería que por iniciativa propia, el Sr. Rajoy acceda a ir al
Parlamento y no sea necesario presentar la citada Moción.
Si nos acercamos al ámbito de Ceuta, también debido a las
presuntas irregularidades del “Caso Urbaser”, la falta de
transparencia del Gobierno, con su Presidente a la cabeza,
han motivado muy oportunamente que el Secretario General de
PSOE de Ceuta, José Antonio Carracao, que de un modo
incansable y valiente no ceja de trabajar porque la
transparencia prevalezca en las actuaciones gubernamentales
de nuestra ciudad, haya solicitado una Comisión de
Investigación y la comparecencia del Presidente del Gobierno
de Ceuta ante lo acontecido, y los informes que
recientemente se han producido al respecto.
Por lo tanto, los ciudadanos, tanto en Ceuta, como en el
resto del territorio español, estamos a la espera de sendas
comparecencias y actuaciones del PP. Esperemos que dichas
intervenciones se produzcan y no generen más frustraciones y
más malestar en la ciudadanía, porque si podemos llegar a
tener un conocimiento de la verdad, ganará la tranquilidad
de los ciudadanos, ganará el valor y respeto de la
democracia, ganará el reconocimiento a la política y a las
instituciones, ganará la utilidad de la función de la
oposición y sobre todo ganará el conocimiento de saber lo
que ha sucedido.
Si ocurre lo contrario se hundirá la credibilidad en los
Gobiernos, su falta de legitimidad moral, para ejercer su
actuación y no será por culpa de la oposición o del Partido
Socialista. Los ciudadanos serán los que saquen sus propias
conclusiones. Mientras tanto, de momento, seguimos a la
espera.
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OPINIÓN / COLABORACION
