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Rajoy sigue aferrándose al cargo.
Mientras en otros países, algunos dirigentes dimiten al
verse obligados a incumplir su programa electoral o al ser
salpicados por la corrupción, nuestro Presidente no lo hace
ni por una cosa ni por la otra. Le da igual reírse de todos
sus votantes, le da igual que cada vez esté más claro su
implicación directa en el “caso Bárcenas” y en la trama de
los sobresueldos y le da igual que su imagen y la de su
partido esté cada vez más cerca de la imagen que se tiene de
una familia mafiosa salida de la pluma de Mario Puzo que de
la que debiera tenerse de una agrupación política seria con
un proyecto de Estado justo y viable. Le da exactamente
igual porque lo que los populares pretenden no es, ni más ni
menos, que mantenerse el máximo tiempo al frente del país.
Pretenden durar el tiempo que les haga posible debilitar aún
más a las capas populares de la población y efectuar un
expolio de lo público para convertir nuestros derechos en
objeto de negocio en manos de sus colegas. Ese es su
trabajo.
Sus defensores continúan acudiendo al gastado y simplón
argumento de lo expresado en las urnas para justificar lo
injustificable. Como si ganar unas elecciones fuese un
cheque en blanco para hacer cualquier barbaridad. Aparte de
que, repito, el partido de Gobierno no ha cumplido nada de
lo que prometió, algunas cosas, con o sin votos, son de por
sí antidemocráticas. Efectuar recortes a los derechos
sociales hasta la anorexia no es democrático. Es en estos
derechos donde residen las bases materiales de la
democracia, lo que hace posible que una persona sea libre y
esté capacitada para relacionarse en libertad e igualdad con
los demás miembros de la sociedad. Un Gobierno que pone
trabas a la realización de este derecho indispensable es un
Gobierno antidemocrático por definición. El Partido Popular
demuestra ser un partido no democrático, pues pretende
vendernos un concepto de la democracia limitado al acto
procedimental, cuando la democracia debe ser un reparto del
poder constante, un reparto que se da a través de unos
derechos que el PP no respeta y fulmina poco a poco,
impidiendo así la democratización de la sociedad. Nos dicen
que se ve “la luz al final del túnel” y que “la situación
económica mejora”. Nos dicen estas estupideces, pero no nos
dicen que la luz que se ve es su luz y que la situación
mejora entendiendo por mejorar lo que ellos entienden. Para
un partido que sigue al dedillo las instrucciones de
instituciones como el FMI, salir de la crisis es
convertirnos en un país competitivo. Esto es, en el lenguaje
del neoliberalismo, bajar salarios, precarizar el empleo,
flexibilizar la contratación (beneficiar al gran empresario
y perjudicar al trabajador), elevar la edad de jubilación,
limitar los derechos de huelga y manifestación, destruir la
negociación colectiva y convertir en privilegios de pago lo
que hasta ahora eran derechos conquistados. Algunos pensamos
que eso no es salir de la crisis, sino que esas son,
precisamente, las peores consecuencias de la crisis. Lo peor
de las crisis económicas es que gracias a la incertidumbre
general se da vía libre a la aplicación de políticas
destructivas soñadas por partidos como el PP. La crisis es
su argumento legitimador. Hacen lo que les da la gana,
saltándose las reglas de juego a su antojo. Les resbala, no
piensan irse. Y no sólo no se van, sino que día a día
tenemos que despertarnos con noticias que nos hacen pensar
cada vez más que la separación de poderes en España es un
sarcasmo. Francisco Pérez de los Cobos, presidente del
Tribunal Constitucional, fue militante del PP mientras era
miembro del Tribunal. Él defiende que su militancia no fue
algo incompatible con su cargo, pues según él, el Tribunal
Constitucional, al no formar parte del Poder Judicial
propiamente dicho, se rige por otras reglas distintas al
resto de tribunales. El caso es complejo y con la misma ley
en la mano unos pueden pensar una cosa y otros otra, pueden
darse interpretaciones distintas. Aún así, diferentes
asociaciones de jueces, entre ellas la famosa “Jueces para
la democracia”, han pedido la dimisión del Magistrado. Yo
opino igual que esta asociación. Que un miembro del Tribunal
Constitucional esté pagando la cuota de afiliado de un
partido político con capacidad de gobernar me parece, cuando
menos, insultante. Ellos hacen las leyes y ellos son los
encargados de analizar si las leyes son o no son
constitucionales. Ya era obvio que los altos Magistrados de
este país se movían en el estrecho hueco que separa la
ideología del PP de la del PSOE. De hecho, está claro que de
estar formado el TC por jueces de izquierdas, medidas como
la última reforma laboral hubieran sido declaradas
anticonstitucionales. Sí, nuestros jueces siempre han sido
jueces cómodos para el poder, pero casos como el del señor
Pérez de los Cobos vienen a demostrarnos hasta que nivel de
descaro e impunidad pueden llegar.
Pérez de los Cobos no es más que otra prueba palpable de que
el poder judicial tampoco escapa de formar parte de una
estructura diseñada a gusto del poder económico, igual que
Bárcenas y su cuadrilla lo demuestran en el terreno del
sector político. Porque el quid de la cuestión no es
Bárcenas, sino todas esas empresas que han labrado su
fortuna a través de sobornos en sobres a la clase política y
que explican el por qué de la existencia de aeropuertos sin
aviones, de grandes infraestructuras inservibles y de gran
parte de nuestros problemas.
Los lobos cuidan de las ovejas. Y los lobos nunca renuncian.
La única opción es poner en práctica nuestro derecho a la
legítima defensa, nuestro deber de defender la democracia.
Ellos son los antisistema, los antidemócratas, los tiranos.
Si no se van, hay que echarlos. La democracia no aguanta
más.
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OPINIÓN / LA ZARPA
