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En estos tiempos donde la política
corre el riesgo de encontrarse cada día con un mayor número
de desencantados y más inclinados a la desafección, la
democracia no puede permitirse aliarse con el silencio de la
indiferencia. Existen múltiples razones, casos y situaciones
que están afectando directamente a la paciencia de la
ciudadanía, pero a pesar de las difíciles circunstancias
actuales, sigue habiendo razones y motivos para confiar en
la honestidad de personas que se dedican a la actividad
política y la nobleza de los objetivos de la actuación
pública.
Somos un país donde está vigente el Estado de Derecho, con
todas las garantías democráticas que están reconocidas en
una democracia avanzada y consolidada, dentro del espacio
geográfico y político como país perteneciente a la Unión
Europea. El Gobierno en el terreno de la legalidad, así como
las Instituciones, poseen toda la legitimidad para adoptar
las decisiones que estimen en su labor y en las actuaciones
que constitucionalmente les corresponden.
El Gobierno actual dispone de mayoría absoluta, que le ha
sido otorgada en las urnas por decisión soberana del pueblo
español, algo que no ofrece dudas, y que está refrendada
como un derecho constitucional. Ahora bien, dejando claro
estas premisas, pienso, a mi modo de entender, que los
ciudadanos no debemos renunciar a que el funcionamiento
democrático del Gobierno y el de las Instituciones pueda ser
mejorable, más transparente y más próximo a los derechos de
la ciudadanía, respecto a la exigencia de información,
explicación y rendición de cuentas sobre actuaciones
personales en el ámbito político e institucional.
Estoy de acuerdo con la Vicepresidenta del Gobierno en que
las instituciones funcionen y que todos debemos respetarlas,
pero ello no es óbice, para que un problema que está creando
indudable alarma social, como es el caso Bárcenas, tanto
nuestros representantes políticos como el resto de la
opinión pública, tengan derecho a que el Presidente del
Gobierno, Sr. Rajoy, salga de su tranquila y cómoda posición
infranqueable de sus aposentos de la Moncloa, y se dirija al
Congreso de los Diputados para responder a los interrogantes
de nuestros representantes políticos, así como al resto de
la opinión pública, sin plasma y cara a cara para dar las
explicaciones que se le pidan, sin más obstáculos que el
micrófono y la petición de palabra por los Diputados o los
representantes de los medios de comunicación.
Es cierto que la mayoría absoluta le puede facilitar tomar
otra decisión. Este hecho nos demuestra que las propuestas
del PSOE en sus Diálogos sobre la reforma política en
nuestro país, demuestran que es razonable que las mayorías
absolutas no deberían limitar el vigor del debate político y
que se rechacen las peticiones de comparecencias.
El Parlamento está siendo silenciado ante este tema y la
opinión pública sigue pacientemente siendo ninguneada por la
máxima autoridad política del Gobierno, sin poder recibir
noticias y opiniones directas de éste máximo representante,
que además está presuntamente implicado en la contabilidad B
de su partido cuando era Ministro, al margen de todo el
entramado que presuntamente ha sido permitido desde su
organización política, para que su máximo responsable de las
finanzas pueda haber actuado a su antojo, ante la
financiación del partido político del Gobierno, pago de
sobresueldos y enriquecimiento personal, con los millones
que ha acumulado presuntamente, a lo largo de las décadas
que ha tenido responsabilidad en su partido. El mismo
Presidente del Gobierno salió en su defensa, aseverando que
no se podría demostrar nada de culpabilidad sobre este cargo
del PP.
En este caso la mayoría absoluta está actuando como una
barrera para que nuestros representantes políticos y los
ciudadanos podamos recibir más información y que la
transparencia y claridad del partido gobernante puedan ser
asumibles, porque aunque el tema esté judicializado, la
falta de respuesta y el miedo a enfrentarse a la opinión
pública, lo único que puede alimentar es que junto a las
presuntas sospecha, se instale una nube negra sobre todo el
caso, que provoque un mayor grado de crisis política
ocasionada por la actitud del partido del Gobierno y su
Presidente. Como ha dicho Alfredo Pérez Rubalcaba,
Secretario General del PSOE, haciendo alusión a este tema en
el reciente Comité Federal refiriéndose al Sr. Rajoy: “Ganar
tiempo esta vez no sirve. No sirve a su partido, no sirve a
su Gobierno, no sirve a España; ni tan siquiera sirve
probablemente a los problemas del señor Rajoy. Esta vez, el
tiempo que gana el señor Rajoy es exactamente el mismo que
pierde España”.
Al margen de este tema voy a mencionar la paralización del
decreto de desahucios de Andalucía, por iniciativa y
decisión del actual Gobierno de la nación. Legalmente está
en su derecho para ejercer este recurso. Con su mayoría
absoluta no tiene problema, pero me parece inadmisible que
después de haber recibido el sistema bancario más de
cuarenta millones de euros de subvención, gracias a la
gestión de los poderes públicos nacionales y europeos,
decisiones que permitían favorecer a los ciudadanos con
graves dificultades económicas relacionadas con su vivienda,
gracias al decreto aprobado por la Junta de Andalucía, sean
eliminadas por el Gobierno del Sr. Rajoy. Mientras a los
bancos no se les piden exigencias, las pymes no reciben el
crédito que necesitan, las hipotecas se han restringido y
una medida que pretendía compensar a las familias con graves
problemas por desahucios ha sido paralizada, sin embargo,
las instituciones financieras siempre salen beneficiadas.
¿Por qué los ciudadanos no?.
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OPINIÓN / COLABORACION
