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Durante la primera semana del mes de diciembre de 2011 Ceuta
vivió con preocupación la sucesión de varios hechos graves
que crearon una auténtica alarma social entre los
ciudadanos. En la madrugada del viernes al sábado día 3,
cerca de trescientos vecinos de Parques de Ceuta tuvieron
que abandonar apresuradamente sus viviendas por un incendio
intencionado en sus garajes. Allí quedaban calcinados tres
vehículos, uno de ellos el de un agente de la UDYCO y otro,
seriamente afectado, de un agente de la Guardia Civil. Dos
días después miembros del Cuerpo Nacional de Policía eran
recibidos a pedradas en la barriada del Príncipe cuando se
encontraban tratando de identificar a los causantes de una
agresión anterior. Los alborotadores respondían a la policía
con gritos de “Alá es grande” mientras sometían a pedradas a
los agentes. Al día siguiente ardía una furgoneta en Huerta
Téllez. Un día después, se vivía el asesinato de la joven
Laura Gutierrez, estudiante de Enfermería. También 24 horas
después, otro incendio provocado en el garaje del Edificio
Galera destruía un coche, una moto y una bicicleta de un
joven. Horas más tarde, dos coches ardían en Huerta Téllez
y, cerrando la semana, la policía se desplegaba en el
Príncipe nuevamente para llevarse un vehículo que, según los
propios agentes, había tratado de atropellar a uno de ellos
unas horas antes.
La respuesta política a tales hechos fue variopinta. Por un
lado el presidente Vivas se limitaba a transmitir el
consabido mensaje de “confianza” en el Estado de Derecho y
las Fuerzas de Seguridad del Estado, mientras que la
oposición, que lideraba Caballas, hacía llegar su mensaje
por boca de Mohamed Alí, que no era otro que el de la
petición de “reforzar” la tipificación del ‘delito del odio’
en el Código Penal. Justo es señalar que de todos los hechos
descritos anteriormente, el diputado ceutí y portavoz de la
coalición democrática se circunscribía principalmente a las
actuaciones policiales en el Príncipe. De todo ello escribí
una opinión que titulé ‘Dilapidar la democracia’, y que
ustedes pueden ver representada en imagen junto a estas
líneas.
Todo aquello desembocó, entre otras cosas, en que un grupo
de vecinos del Príncipe se reunieran en una asamblea
“abierta” que “moderaba” el presidente de la misma y
simpatizante del PP, Abdelkamil Mohamed (Kamal). Allí, en el
Zoco Chico, además de amenazar a los periodistas de esta
casa decidieron que el delegado del Gobierno debía “abrir
una investigación” por la actuación policial y anunciaron
que si no, habría movilizaciones. Kamal, el de la pegatina
del PP en elecciones, reconoció que le “intimidaba” la
actuación de la policía.
Varios meses después, y sin haber entrado en el Congreso de
los Diputados lo de “reforzar la tipificación del delito del
odio” y sin atender a la intimidacion que le causa la
policía a determinadas personas que llevan la pegatina del
PP, volvió a pasar algo parecido. Un día de julio del año
pasado, la comisaría de Los Rosales recibía el aviso de que
en la calle Claudio Vázquez había una reyerta “con
agresiones y corte de tráfico”. Varias Unidades de la
Policía Nacional se desplazaron al lugar de los hechos y una
vez allí los agentes intentaron calmar los ánimos. Lejos de
conseguirlo, los policías fueron insultados e increpados,
procediéndose a la detención de uno de ellos, “lo que
recrudeció la hostilidad de los presentes, quienes
intentaron evitar la detención del individuo” según informó
la propia Jefatura de Policía el día posterior.
Así, no es de extrañar que los hechos se reproduzcan en
cuanto se den las condiciones para ello,aunque sea algo tan
simple como un robo. A mí me robaron la cámara de fotos
cuando realizaba mi trabajo de periodista en la barriada de
Príncipe Felipe. A los ladrones les seguí hasta que unos
testigos empezaron a cortarme el paso tirándome piedras.
Lo que pasó el martes en la playa del Tarajal, con un grupo
de personas que arrojó piedras a la policía durante la
detención de un presunto delincuente, es más de lo mismo. Es
producto de una dejación política alarmante en materia de
seguridad que se proyecta a lo largo del tiempo. Una
seguridad en manos de políticos incompetentes obsesionados
con el voto, políticos incompetentes que también pegan
demasiadas palmadas en la espalda a quienes les insultan
mediáticamente, temerosos quizás de que les insulten más.
Unos políticos incapaces de meterse la seguridad del Estado
en la cabeza, quizás obsesionados por meterse en el bolsillo
otras cosas. Sus discursos, no piensen mal.
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OPINIÓN
/
EL 7' DE MICHIGAN
