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El antiguo director de Gestión Interna, Francisco
Martínez Racero, que dimitió del cargo a finales de enero de
2012, ha llevado a la Justicia a la Ciudad. El Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo acogió ayer el juicio, que quedó
visto para sentencia, en el que el abogado de Martínez
Racero instaba a la Administración local a la vuelta a su
puesto de trabajo como funcionario y graduado social en la
Unidad Técnica de Nóminas. Los servicios jurídicos de la
Ciudad argumentaron que esta unidad desapareció tras una
“reorganización” directiva, pero al parecer, hay otra
persona que en la actualidad está ocupando este puesto.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo acogió ayer un
juicio del antiguo director general de Gestión Interna,
Francisco Martínez Racero, contra la Ciudad. La defensa del
abogado de Martínez Racero se basó en que, después del
anuncio de su dimisión como director general a finales de
enero de 2012, la Administración local no lo ha reubicado en
su antiguo puesto de trabajo, en la Unidad Técnica de
Nóminas, ya que consta como funcionario de plantilla -en
calidad de graduado social- desde 1994. La argumentación se
basó en que Martínez Racero, tras renunciar al cargo de
libre designación, no recibió ninguna notificación acerca de
la vuelta a su puesto, sino que fue enviado al área de
Prevención de Riesgos Laborales.
El entonces consejero de Hacienda y Recursos Humanos,
Francisco Márquez, continuó el abogado, firmaba un Decreto
en el que daba cuenta de la supresión de esta unidad,
cuando, según el abogado de Martínez Racero, el puesto
continúa existiendo, basándose en las informaciones de la
secretaria general de la Ciudad. Aseguró además que el
puesto está ocupado por otra persona que no tiene la
capacidad para llevar a cabo esta función al no ser graduado
social, lo que podría incurrir en “intrusismo”.
Durante nueve meses, la “firma digital” de Martínez Racero y
su número de colegiado ha sido utilizada “por un tercero”
sin su consentimiento. El abogado defendió con los artículos
de diversas normativas en la mano, que la situación de
Martínez Racero no es acorde a la legalidad.
Por su parte, la defensa de la Ciudad, aseguró que lo que se
estaba recurriendo era una “resolución administrativa por la
cual se adscribe provisionalmente al servicio de Prevención
de Riesgos Laborales de la Consejería de Hacienda, Economía
y Recursos Humanos”. “Es cierto” que gran parte de su
servicio durante todo este tiempo ha estado relacionado con
el área de las nóminas de la Ciudad, “pero no de forma
ininterrumpida”, dijo el letrado de la Administración local,
que se encargó de hacer una cronología de los cargos de
libre designación ocupados por Martínez Racero desde que
entrara a formar parte de la plantilla de la Ciudad.
Según el abogado, la Administración “reorganiza” en 2011 el
sistema de nóminas y “se decide que ya no es necesaria la
configuración del servicio tal y como se venía configurando
hasta 2012”. Según la defensa de la Ciudad, fue en 2011, y
no después de la dimisión de Martínez Racero, cuando se
decidió “modificar” la estructura orgánica. Sin embargo, el
3 de febrero, el ya ex portavoz del Gobierno local,
Guillermo Martínez, anunciaba una “pequeña
reestructuración”, momento en el que hablaba de la supresión
de la Unidad Técnica de Habilitación, creada en 2004 para la
elaboración de nóminas, área en la que se encontraba
Martínez Racero. En esos momentos, pasaba a ser
responsabilidad de la Dirección General de Recursos Humanos.
Por último, la defensa del antiguo director general de
Gestión Técnica presentó diversas pruebas en las que incluía
un escrito en el que no se comunicó a Martínez Racero la
nueva situación organizativa. “El puesto no se ha eliminado
y está certificado por la secretaria general de la Ciudad”,
insistió. El juicio quedó visto para sentencia.
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