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El Ministerio de Hacienda podrá llegar a intervenir una
comunidad autónoma y suspender su competencia normativa
sobre tributos cedidos si incumple el pago a proveedores en
los plazos legales de 30 días, unas medidas extremas que ya
se prevén en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para quien
incumpla la reducción del déficit y de la deuda financiera.
Fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro han
explicado esta posibilidad que contemplará la Ley de control
de la deuda comercial, cuyo anteproyecto fue aprobado el
pasado viernes por el Gobierno y que se espera que refrenden
las Cortes a finales de octubre. Ese caso extremo de
intervención se producirá en cualquier caso siete meses
después del primer aviso a la comunidad y desde que esta
tome las primeras medidas de tesorería para evitar incumplir
la norma. “Es una situación que esperemos que no llegue a
producirse nunca, pero debe estar en la norma para poder
actuar. Son siete meses, tiempo suficiente, y trabajaremos
conjuntamente para no llegar a esto”, han explicado las
mismas fuentes.
Además de enviar a los conocidos como ‘hombres de negro’ a
la autonomía y de suspender competencias normativas sobre
tributos cedidos, que serán ejercidas por el Estado, la
norma prevé también que la comunidad deba aprobar acuerdos
de no disponibilidad de créditos y constituir un depósito
con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 por
ciento de su PIB nominal.
Con esta norma, Hacienda pone la deuda comercial al mismo
nivel que la deuda financiera y el déficit, con un sistema
automático y progresivo de medidas de control. Desde el
ministerio se ha asegurado sin embargo que se prevén también
medidas para evitar llegar a ese extremo, al igual que está
ocurriendo con la Ley de Estabilidad, cuyas peores
consecuencias no han llegado a aplicarse.
El objetivo principal de la Ley de control de la deuda
comercial es que todas las administraciones públicas cumplan
la normativa sobre morosidad, paguen sus facturas en 30 días
y en el futuro no generen facturas que no puedan pagar.
Ciudad Autónoma
El pasado 14 de junio y en el ámbito del pago a proveedores,
el entonces portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez,
confirmaba que “se están abonando las facturas
aproximadamente con un desfase de 60 días; es cierto que
todavía no estamos en el objetivo legal de pagar en 30 días
pero indudablemente sí que se están aportando los plazos, en
general, del pago a proveedores”.
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medidas
