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La actual situación coyuntural de déficit se debe al
desempleo derivado de las políticas de austeridad y no
justifica un adelanto del Factor de Sostenibilidad que, en
todo caso, debe considerarse una vez evaluados los
resultados de la reforma pactada en 2011 y en base a un
amplio acuerdo político y social previo.
En su comparecencia hoy en el Congreso de los diputados,
Carlos Bravo, Secretario de Protección Social de CCOO, ha
recordado que una de las principales fortalezas de nuestro
sistema de pensiones es que dispone en la figura del Pacto
de Toledo de un mecanismo estable de reformas basado en la
negociación y acuerdos políticos y sociales amplios. Este
mecanismo ha propiciado una amplia legitimidad del sistema
entre los ciudadanos. Sin embargo, las acciones unilaterales
de los últimos gobiernos (congelación de pensiones, reforma
de la jubilación anticipada y parcial, etc.) es lo que
siembra el desconcierto en los ciudadanos y quiebra su
confianza en el sistema público de pensiones. Es urgente que
el Gobierno abandone estas actuaciones unilaterales, ya
estén motivadas por decisiones ideológicas o por
recomendaciones de instituciones internacionales que,
recordemos, no tienen competencia en materia de seguridad
social en nuestro país.
Todas las reformas negociadas desde 1995 han tenido siempre
un doble objetivo. De un lado garantizar la mejora de la
protección social de los pensionistas actuales y, en el
mismo plano de importancia, garantizar la sostenibilidad del
sistema público para los pensionistas futuros en las
próximas generaciones. Para ello todas las reformas que se
han construido en base a la negociación y el acuerdo han
puesto en marcha medidas orientadas a conseguir el
equilibrio entre ambos objetivos.
La reforma de 2011 también se diseñó sobre esta fórmula y
además de haber garantizado la mejora de nuevos derechos
(derecho a jubilación anticipada voluntaria, derecho a
cotización de jóvenes becarios, periodos de cotización por
cuidado de hijos para mujeres y hombres, integración de
empleadas de hogar y trabajadores agrarios, etc.) al tiempo
que se realizaban ajustes en algunos requisitos de
jubilación sobre la base del refuerzo de la contributividad
(edad ordinaria de jubilación, escala de base reguladora,
periodo de cálculo, etc.). La reforma de 2011 se diseñó así
sobre la base de articular medidas que actúan de forma
equilibrada sobre el gasto, los ingresos y para fomentar los
comportamientos contributivos.
La actual situación de déficit que presenta hoy la Seguridad
Social es consecuencia de la pérdida de empleo (se ha
perdido más de 1 millón de afiliados desde 2011 y más de 3
millones de afiliados desde el inicio de la crisis), y de la
devaluación de los salarios (por primera vez en la base
media de cotización de 2012 es inferior a la del año
anterior). Se trata de una situación coyuntural que no
justifica el adelanto del Factor de Sostenibilidad ni una
reforma de carácter estructural, sin esperar a que la
reforma de 2011 despliegue totalmente sus efectos.
La caída coyuntural de ingresos en el sistema de Seguridad
Social está obligando al consumo anticipado del Fondo de
Reserva (-7.003 millones de euros en 2012, -3.500 millones
de euros en lo que llevamos de 2013), a pesar de que éste se
diseñó en su día para abordar los retos estructurales del
sistema (demográfico principalmente), por lo que, de no
hacer nada al respecto, supondrá haberlo agotado a finales
de esta década.
Para CCOO es inaceptable utilizar el déficit coyuntural del
sistema de Seguridad Social para justificar reformas
estrucuturales. estas deben abordarse en los tiempos
previstos y con los consensos necesarios. Al tiempo, deben
evaluarse con perspectiva temporal suficiente, los efectos
de la reforma que acaba de entrar en vigor.Para afrontar la
actual coyuntura, CCOO ha propuesto un incremento temporal
de cotizaciones sociales, durante el tiempo que sea
estrictamente necesario para asegurar el equilibrio
financiero del sistema de pensiones durante la crisis, de
modo que con ello se garantice no anticipar el consumo del
Fondo de Reserva al tiempo que se cumplen los compromisos
para la revalorización de las pensiones.
Esa medida coyuntural y las actuaciones sobre el mercado de
trabajo, modficando las politicas orientandolas a la
creacion de empleo, son junto con una actuación profunda en
materia fiscal, las necesidades más urgentes en materia de
pensiones y protección social.
En todo caso, será el Gobierno el que tenga que aclarar cual
es su posición e intenciones en materia de pensiones. Hasta
la fecha no a remitido propuesta alguna ni al Pacto de
Toledo ni a los interlocutores sociales.
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OPINIÓN
/
NOTA DE PRENSA
