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ACTUALIDAD - JUEVES, 27 DE JUNIO DE 2013


asamblea de ceuta. el pueblo.

caso urbaser
 

El plazo dado a los técnicos para estudiar las alegaciones de Urbaser finalizó el lunes

El Gobierno, que decidió reclamar a Urbaser los 14,33 millones pagados de más en concepto de amortización, deberá decidir si estima sus argumentos en todo o en parte
 

CEUTA
El Pueblo

ceuta
@elpueblodeceuta.com

El Gobierno de la Ciudad, anunció el pasado día 14 que se habían encargado “cuatro informes técnicos en función de las alegaciones de Urbaser y de conformidad con las responsabilidades y funciones que tienen determinados funcionarios”, “todos” pertenecientes al área de Hacienda de la Administración local. El plazo de diez días ortorgado a los técnicos para la presentación de los citados informes ya ha finalizado, y ahora el Gobierno deberá estudiar si sigue adelante con la reclamación de los 12,5 millones pagados de más en concepto de amortización o por el contrario desiste de dicha pretensión.

El plazo de diez días otorgado por la Consejería de Hacienda a sus técnicos para analizar las alegaciones realizadas por Urbaser en su defensa y decidir si estima sus argumentos o no, finalizó el pasado lunes. El Gobierno de la Ciudad, a través de su entonces todavía portavoz, Guillermo Martínez, anunció hace unos días que se habían “encargado varios informes técnicos en función de las alegaciones y de conformidad con las responsabilidades y funciones que tienen determinados funcionarios”.

Hay que recordar que la Ciudad Autónoma cerró provisionalmente, el pasado mes de mayo, el expediente de liquidación del contrato de limpieza viaria con Urbaser, que se saldó con la firma dos Decretos en virtud de los cuales la Administración desestimaba las reclamaciones que por importe de 9,64 millones de euros realizaba el anterior adjudicataria y reclamaba a su vez, la devolución de 12,5 millones de euros (que luego han ascendido a 14’33 millones de euros al sumarle el 15% de gastos generales y beneficio industrial) en concepto de ‘pagos indebidos’ por amortización de maquinaria, destapados a raíz del informe de un técnico en Gestión Contable de la Administración local.

Posteriormente, con los dos Decretos firmados por el consejero de Hacienda, el Ejecutivo local puso la pelota en el tejado de Urbaser, concediéndole 22 días para que presentara las alegaciones que estimara oportunar para defenderse. Una vez finalizado el citado plazo, Urbaser aportó un dictamen de la consultora KPMG para rebatir el primer informe del técnico de Gestión Contable de la Ciudad y no devolver el importe que según la tesis de éste percibió de más en concepto de amortización de maquinaria durante los últimos diez años.

El Gobierno, que decidió reclamar a Urbaser la cantidad de 12,5 millones de euros pagados de más en concepto de amortización, según el primer informe del técnico de Gestión Contable, deberá ahora, estudiar si sigue adelante con la reclamación o por el contrario desiste de dicha pretensión. Para ello, “se han encargado”, insistió su portavoz, “cuatro informes a cuatro funcionarios de la Ciudad”, “todos” pertenecientes al área de Hacienda de la Administración local, entre los que, según ha podido saber ‘El Pueblo’, se encuentran el Interventor, el Tesorero y el técnico en Gestión contable que realizó el primer informe, además de un cuarto técnico que completaría los citados informes.
 


La investigación policial del caso Urbaser sigue sus pasos

Independientemente del expediente administrativo que está llevando a cabo la Ciudad Autónoma, el ‘caso Urbaser’ sigue dando sus pasos en el juzgado. El Cuerpo Nacional de Polícia prosigue con su investigación después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco, que es el encargado de la causa, incoara diligencias al recibir la denuncia del PSOE y remitiera un oficio a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que comenzaran a investigar si se produjo un desfalco de caudales públicos. Tal como informó EL PUEBLO, agentes del CNP se personaron en la sede de la Consejería de Hacienda, en el Ceuta Center. Según fuentes próximas a la investigación, los policías acudieron a las dependencias municipales para requerir documentación original del expediente. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 decretó el secreto de sumario sobre las actuaciones.
 

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