|
El objetivo es ayudar a las administraciones para que sean
más austeras, eficaces y modernas en beneficio de todos los
ciudadanos. La situación económica y la sociedad demandan
una reforma estructural en nuestra Administración Pública en
todos sus niveles. Para ello, el Gobierno encargó a una
comisión de expertos una auditoría exhaustiva para que
evaluase a la Administración y propusiese mejoras. Tras
nueve meses de trabajo, el resultado es un completo informe
que marca el punto de partida para iniciar una de las
reformas más importantes.
La reforma arranca con más de 200 propuestas para todos los
niveles de la Administración con cuatro premisas clave:
Racionalizar el gasto, Atender a la demanda ciudadana,
Realizar un análisis profundo y sostenido en el tiempo y
Compromiso político por mantener el impulso de la reforma.
El carácter transformador de esta reforma radica en que el
ahorro provendrá de la mejora de la gestión, no en la
reducción de servicios:
1. Más coordinación y eliminación de duplicidades: se
clarifican las competencias para prestar el mismo servicio
mejor y a menor coste.
2. Simplificación de la burocracia: menos formularios, menos
papeleos y menos ventanillas a cambio de más agilidad y más
facilidades.
3. Revisión de la Administración institucional: para adecuar
el funcionamiento de los organismos públicos a los intereses
generales.
4. Gestión de servicios comunes: los gastos en bienes y
servicios se estimarán en función de las necesidades reales
de la Administración.
El informe de los expertos marca el punto de partida de la
reforma en la que el Gobierno espera sumar el acuerdo de
todos. En la elaboración del informe han participado
representantes de instituciones, agentes sociales y la
sociedad civil. La Comisión abrió un buzón de participación
ciudadana, en el que se recibieron 2.239 sugerencias.
La reforma de las Administraciones Públicas arrancó el
primer día de Gobierno con medidas pioneras que ya han dado
resultados. Se han reducido altos cargos, sueldos e
indemnizaciones y empresas públicas y fundaciones, partiendo
de un control exhaustivo del gasto público. El resultado es
que España es uno de los países con menor gasto público en
relación al PIB, aunque dos tercios de ese gasto van a
prestaciones sociales.
|
OPINIÓN
/
COLABORACION
