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Las 217 medidas para reformar la
administración pública que quiere poner en marcha el
Gobierno de la nación es, por principio, no sólo una
necesidad imprescindible como ha reconocido el consejero de
Economía, Empleo y recursos Humanos de la Ciudad Autónoma de
Ceuta, sino también una obligación inherente a un Gobierno
responsable, ya que supone poner en valor una serie de
preceptos decisivos: simplificar trámites, suprimir
entidades innecesarias, agilizar procedimientos para mejorar
la gestión y, a través de esta filosofía, ahorrar costes
buscando mejorar la eficacia y racionalizar el gasto
público.
El informe presentado por la Comisión para la Reforma de las
administraciones públicas, en palabras de Guillermo
Martínez, está en consonancia con la gestión local al amparo
del Plan de Estabilidad presupuestaria. Un dato positivo,
máxime cuando se habla de que no se produzca merma en el
empleo y la calidad de los servicios, mediante la búsqueda
de fórmulas tendentes a optimizar el gasto público. Una
serie de planteamientos que habrán de estar muy
sincronizados porque ahorrar sin repercusiones en la
prestación de los servicios ni en el empleo, parece la
cuadratura del círculo por mucha imaginación que se le
aporte, lo que está provocando dudas más razonables en gran
parte de los ciudadanos.
En Ceuta siempre presumimos que vamos adelantados de
cualquier medida nacional, pero habrá que considerar que no
vayamos a repetir aquél episodio de austeridad “previsora”
al que nos adelantamos y luego, salieron facturas sin
consignación presupuestaria a discreción. No es malo
adelantarse a los acontecimientos pero diciendo la verdad y
fundamentando las afirmaciones en hechos. Otra cosa es
adornarse con plumas ajenas y desorientar al ciudadano.
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OPINIÓN / EDITORIAL
