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La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha abierto una
investigación de oficio con todas las comunidades autónomas
y las dos ciudades autónomas para saber cómo afecta la
crisis a la calidad de la alimentación de los menores. La
oficina del Defensor es “consciente de que las
Administraciones Públicas han detectado este problema y
están tomando medidas para garantizar una alimentación
básica a estos menores”, afirma en una nota. No obstante y
teniendo en cuenta la proximidad del periodo de vacaciones
escolares, Becerril ha solicitado información sobre el
número aproximado de menores que pueden estar en esta
situación, y las intervenciones que se están llevando a cabo
para atender su alimentación. También quiere conocer el
coste y las previsiones para la puesta en marcha de medidas
destinadas a paliar estos problemas.
La Institución considera que la alimentación infantil debe
ser una prioridad para los servicios sociales de las CCAA, y
en ese esfuerzo deben comprometerse el conjunto de las
administraciones públicas. Por este motivo, tras conocer
informes que alertaban de situaciones de alimentación
inadecuada de los menores, la Defensora ha decidido iniciar
esta investigación de oficio para promover e incentivar
medidas que palien la malnutrición infantil.
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estudio
