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La coalición Caballas lleva tiempo
intentando marcar la acción de Gobierno, mientras Juan Vivas
se lo permita, aunque no gobiernen. Plantearon una especie
de “amnistía” fiscal para “su electorado”, propusieron
gravar los impuestos en la zona centro y ahora, en el colmo
de la desfachatez y el despropósito, llaman “retrógrados” de
mentalidad y acusan de “corte fascista” a la posición de
Delegación del Gobierno y de la Asociación de Promotores
contra la Ordenanza reguladora de concesión de cédulas de
habitabilidad para viviendas ilegales, que para Caballas es
una razón humanitaria.
Este grupo de la oposición intenta confudir lo legal con lo
humanitario, lo que establecen las normas urbanísticas y el
Estado de Derecho con el desorden y el anarquismo más
desproporcionado. Aquéllos como Caballas que acusaron al
Gobierno de Vivas de promover dos ciudades, son ellos los
que promueven ahora dos tipos de ciudadanos: los que cumplen
con la legalidad y a quienes hay que favorecer impúnemente
aunque incumplan la ley.
Caballas obvia que las labores humanitarias se hacen a
través de programas de ayudas institucionales, de ONG´s o
con cualquier iniciativa destinada a este objeto social,
pero nunca amparándose en la ilegalidad para vulnerar la
Constitución, soslayando que todos hemos de ser iguales ante
la ley y la obligación que tenemos de cumplir la misma.
Cuando censuran que los Promotores “defienden sus
intereses”, no les falta razón; los intereses amparados en
la normativa vigente y no en decisiones caprichosas,
arbitrarias, injustas, que a quienes cumplimos, nos parecen
tan peregrinas como la simple propuesta de hacerlas. Ayudar
a los más necesitados debe ser siempre una obligación pero
sin reírse de quienes cumplimos la ley, por favor.
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OPINIÓN / EDITORIAL
