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La política, dicen, hace extraños
compañeros de cama y, también, de acuerdos. No se explica de
otra manera que, por un puñado de votos, el Pleno trate de
dar virtualidad a un cúmulo de ilegalidades que han
levantado la protesta de la Asociación de Promotores,
acuciados por las exigencias de cumplimiento legal a las que
son sometidos cuando ahora, una nueva ordenanza de concesión
de células de habitabilidad, busca el camuflaje de legalizar
viviendas ilegales, no solo fuera de planeamiento sino
construidas en suelo sin clasificar. Una situación tan
atípica como irregular y que desvirtúa la aplicación de la
normativa, además de originar muy serios agravios
comparativos, cuando hay viviendas consolidadas y legales a
las que no se les concede licencia de segregación y aquí a
quienes ni pagan impuestos, ni abonarán IBI, se les otorgan
suministros básicos.
Estos disparates legales que llevó a Delegación del Gobierno
a presentar una alegación porque vió el texto contradictorio
por sí mismo, ya que en la práctica se transformó lo
excepcional y provisional en definitivo provocan un
galimatías político que supone, como dice la Asociación de
Promotores, otorgar un premio a quien no cumple la ley. Y
cuando hay muchísimos ciudadanos cumplidores con las normas
establecidas, estas aberraciones no se pueden cometer y,
menos, otorgarles carta de naturaleza con un pronunciamiento
plenario, que habrá que ver si es o no legal.
Adaptar las leyes a la conveniencia electoral o a los
intereses de unos y otros, es tan impúdico y bochornoso como
amnistiar a quien delinque por sistema. Esta ciudad no puede
convertirse en un caos urbanístico con las bendiciones
políticas de apaños y con métodos propios de repúblicas
bananeras.
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OPINIÓN / EDITORIAL
