Las declaraciones efectuadas ayer
por el presidente de la Ciudad sobre el Plan de
reestructuración del sector público, pese a que apuntó
algunos detalles, aún necesitan de la suficiente
clarificación, con independencia que su desarrollo se haya
previsto para los próximos meses por la coherencia entre la
forma jurídica a adoptar y el objetivo a conseguir. Ahora
bien, lo que no parece coherente es que, pese a eliminar
ocho de las diez sociedades municipales, buscando la mejora
de la eficacia y eficiencia de los servicios, todavía no se
haya concretado el objetivo prioritario, es decir, dónde
radica el pretendido ahorro económico si, por otro lado, se
garantiza el mantenimiento del empleo, asunto loable y
tranquilizador para los afectados.
Cumplir el Plan de Estabilidad Presupuestaria, evitando
duplicidades de servicios está muy bien pero a estas
alturas, aún no se ha cuantificado ese ahorro como para
justificar esta reestructuración, que en definitiva es lo
que viene pidiendo el Gobierno de la nación: reducir gastos
más que un plan organizativo. No vaya a suceder como
aquéllos planes de austeridad tan previsores que se
anunciaron como pioneros adelantándose a los que vendrían
posteriormente del Gobierno de la nación y, que
prácticamente no valieron de nada porque había tantas
facturas guardadas en los cajones sin consignación
presupuestaria que quedó en una cortina de humo muy vendible
mediáticamente pero nada efectiva y millonarias deudas
ocultas.
Ahora se requiere precisión: dónde está el ahorro, cuánto es
el ahorro y cómo se va a desarrollar ese ahorro. No vale
decir “se va a definir”, porque cuando se da un paso de
estas características, ya ha de estar diseñado, medido y a
punto de plasmarse. Hay que hablar con claridad más allá de
cortesías.
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