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Las recientes agresiones que se
han conocido en el Centro de Reforma de Menores “Punta
Blanca” de Calamocarro, con la autoría del mismo individuo
de 17 años en ambos casos, es un signo de alarma acerca de
la insuficiente seguridad existente en estos centros y de la
preocupante sensación que se advierte, en un momento en el
que los sindicatos reclaman mayores garantías en este
ámbito, incluso demandan que se reúna el Comité de Seguridad
para establecer una serie de decisiones que ayuden a paliar
esta inquietante situación.
Que en un corto espacio de tiempo se produzcan dos
agresiones en el mismo centro y a cargo del mismo individuo,
llama la atención porque posiblemente, éste no sea el centro
apropiado a las características de tan agresivo interno. Los
trabajadores de la Administración Pública no pueden
convertirse en la diana de quienes, lejos de reconducir sus
conductas para la reinserción social, se convierten en
elementos distorsionadores y de conflicto interno,
mostrándose como elementos peligrosos.
Los mecanismos de control y reinserción han de activarse
para que estos centros no se conviertan en lugares de
peligrosidad extrema o conformen un grupo de riesgo para
quienes desarrollan allí su actividad profesional. No es
cuestión baladí tomar conciencia de estas situaciones y,
después, actuar con el rigor y la decisión necesarias para
evitar conflictos de esta naturaleza que son una caja de
resonancia por la repercusión que provocan. Los centros
públicos son instalaciones para atender las demandas
ciudadanas y no recintos de alto riesgo, en los que defender
la integridad física o preservar la vida sea necesario, en
vez de aportar soluciones de integración social o
reinserción. Algo está fallando.
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OPINIÓN / EDITORIAL
