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Las declaraciones del portavoz del
Gobierno en su habitual comparecencia de prensa afirmando
que el Ejecutivo no va a reclamar a la empresa Urbaser el
posible “exceso” de pago por gastos de explotación
amparándose en un “asesoramiento técnico”, pese a que un
segundo informe del técnico en gestión contable señalaba que
los 11,2 millones abonados en ese concepto exceden con
creces los costes reales y recomendaba corroborar mediante
consultoría la ejecución real. Ésta parece desde todo punto
una decisión sin fundamento, dado que los informes se hacen
por escrito y con constancia expresa, porque en caso
contrario, habría que ejercer un verdadero acto de fe y, lo
cierto es que la credibilidad de este Gobierno no está para
acciones de este tipo.
Cuando se plasma en un informe la sospecha de que hay un
exceso de facturación, el no inquietarse por ello, es de una
frivolidad grande o de una irresponsabilidad mayúscula, por
la indiferencia con la que se asume ese supuesto “engorde”
sin mover ni un dedo en averiguar si el proceder es o no
correcto. Sin embargo, muy al contrario, se nos pide un acto
de fe para confiar en la palabra de un Gobierno que dice
actuar de manera tan condescendiente en base a un
“asesoramiento técnico” cuya identidad oculta.
Y es que la opacidad es uno de los aliados del sistema que
hemos construido. El sistema de partidos ha introyectado la
norma de que cuanto menos se sepa menos problemas tendrá. La
Administración y todos sus actos van en paralelo a la
transparencia y a la información. Es así como la información
privilegiada adquiere un valor incalculable y lleva
directamente a la corrupción y a la desmoralización social.
Mucho nos tememos que son más poderosos el tabú y la
opacidad que la transparencia, fuente de juicios y críticas;
es más profundo el deseo de ocultar las vergüenzas que el
altruismo de abrir puertas y ventanas para que entre aire
fresco.
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OPINIÓN / EDITORIAL
