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Los presidentes de Ceuta y Melilla defendieron ayer la
necesidad de que la reforma de la Ley de Bases de Régimen
Local contemple “un apartado específico” en el que se
refrende tanto el carácter dual de la Administración de las
dos Ciudades Autónomas como las peculiaridades
administrativas de ambas entidades. En cuanto a la
fiscalidad, ambos gobiernos siguen trabajando en la
consolidación y perfeccionamiento de los incentivos fiscales
más importantes, como son la deducción del IRPF y la
bonificación del Impuesto de Sociedades, a los que se
pretende dotar de seguridad jurídica.
Vivas e Imbroda defendieron en el transcurso de la reunión
que mantuvieron ayer en el Senado, la necesidad de que la
reforma de la Ley de Bases de Régimen Local contemple “un
apartado específico” en el que se refrende tanto el carácter
dual de la Administración de las dos Ciudades Autónomas (al
ser al mismo tiempo ente local y autonómico) como las
peculiaridades administrativas de ambas entidades. Ésta ha
sido una de las principales conclusiones que han alcanzado
Juan Vivas y Juan José Imbroda en la reunión mantenida, en
la que también han participado los responsables de Hacienda
de ambos gobiernos, Guillermo Martínez y Daniel Conesa, el
consejero de Programación y Relaciones con otras
Administraciones de Ceuta, Francisco Márquez, y la consejera
de Administraciones Públicas de Melilla, Catalina Muriel, y
en la que también se ha hablado de fiscalidad, de planes de
empleo y convenios con la Administración General del Estado
y de energía.
Teniendo en cuenta los contactos que se están manteniendo
con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
el presidente de Ceuta se ha mostrado “convencido” de que
Ceuta y Melilla serán protagonistas de una disposición
específica en la reforma de la Ley de Bases, en la que se
recojan las singularidades competenciales de las
adminsitraciones locales de las dos ciudades, que en
relación con el resto de ayuntamientos cuentan con unas
estructuras de gobierno peculiares, y con unas capacidades
singulares en materias como la sancionadora o en ámbitos
como los referentes a los propios principios que fundamentan
la estabilidad presupuestaria. Pero, “nuestro régimen
autonómico va a ser contemplado y respetado”, sentenció el
presidente.
Todo ello se hará “sin perjuicio del posible
perfeccionamiento que están especificidades puedan sufrir
durante la tramitación” de la norma, que arrancó el pasado
mes de febrero con la aprobación del denominado Anteproyecto
de Ley de racionalización y sostenibilidad de la
Administración local por parte del Consejo de Ministros. En
este sentido, Vivas e Imbroda han acordado que sean los
grupos parlamentarios del Partido Popular en el Congreso
-del que es miembro el consejero Francisco Márquez- y del
Senado -del que forma parte el presidente melillense-
quienes, a propuesta de los gobiernos de ambas ciudades, “se
encarguen de introducir enmiendas en caso de que sea
necesario”.
Los presidentes de Ceuta y Melilla han asegurado compartir
los objetivos de la futura Ley de racionalización y
sostenibilidad de la Administración local. “Es una ley
importante y necesaria, que establece los principios
fundamentales para clarificar las competencias de los entes
locales, y que sienta las bases para el sostenimiento de los
servicios públicos esenciales para que éstos sean eficaces y
eficientes y para que, al mismo tiempo, se cumpla con los
parámetros de la estabilidad presupuestaria”, afirmó el
presidente Vivas
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Incentivos vinculados al empleo
En cuanto a la fiscalidad, ambos
gobiernos siguen trabajando en la consolidación y
perfeccionamiento de los incentivos fiscales más
importantes, como son la deducción del IRPF y la
bonificación del Impuesto de Sociedades, a los que se
pretende dotar de seguridad jurídica. Se trata de eliminar
“la dosis de interpretación” a la que se vinculan los
incentivos (relacionados con el “cierre del ciclo mercantil
completo”), de modo que se clarifique de manera expresa, tal
y como vienen reclamando históricamente los agentes
económicos y sociales de ambas ciudades, y que en el caso de
Ceuta ha sido incluido en el Plan Estratégico para el
Desarrollo Económico. Los gobiernos de las dos ciudades
defienden la necesidad de que se vinculen a la realización
efectiva de las actividades en Ceuta y Melilla y a la
creación de empleo, con lo que se lograría proporcionar una
“mayor certidumbre”, de modo que “el incentivo ganaría
fortaleza”. Los dos ejecutivos “prácticamente” han cerrado
la literalidad del texto que proponen, pero seguirán
trabajando en este sentido con el Ministerio de Hacienda, en
especial con la Secretaría de Estado y la Dirección General
de Tributos. Mientras esperan la respuesta del departamento
que dirige Cristóbal Montoro, realizarán consultas,
incluidos contactos con los agentes económicos, antes de dar
una respuesta definitiva al Ministerio. El objetivo sigue
siendo que este asunto esté resuelto antes de final de año.
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CUMBRE VIVAS E IMBRODA
