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El penúltimo episodio de la falta
de control en el gasto y la supervisión de los pliegos de
condiciones en los contratos públicos nos ha llevado esta
vez, a que la oposición “saque los colores” al Gobierno a
resultas de la empresa de mantenimiento del Auditorio del
Revellín, cuyo incumplimiento de contrato ha sido criticado
en dos ocasiones por la coalición a un Ejecutivo, que ni
sabe ni se entera de nada. Si en el caso Urbaser la dejación
de responsabilidades en los “pagos indebidos” ha llevado el
asunto al Juzgado por el PSOE, en el caso de “Tecnocontrol”,
precisamente el descontrol del Gobierno, que no sabe ni
fiscaliza si lo que paga (con dinero público), se atiene a
los servicios que se prestan, ha hecho que se vea obligado a
la apertura de un expediente informativo para salvar la
cara, tras las denuncias pùblicas (que no en el Juzgado) de
Caballas.
Este nuevo caso no es mas que la consecuencia directa de
cómo funciona o malfunciona, este Gobierno con la
despreocupación y la falta de control como norma y siempre a
remolque o, como dice Aróstegui, “a empujones” de la
oposición, que es quien está marcado la acción de gobierno,
ante la inoperancia de quienes están obligados a hacerlo,
con esa mayoría absoluta tan aplastante, pero donde se da la
sensación de que nadie sabe la hora que es ni cuáles son sus
responsabilidades. Una empresa que factura 900 euros diarios
y, según Caballas, no cumple con su obligación en la
prestación de servicios, no es controlada por el Gobierno.
Con tanto desdén, el desbarajuste es total y como el dinero
público no duele, tampoco se controla. Una forma de
conducirse tan caótica merece la mayor repulsa.
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OPINIÓN / EDITORIAL
