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La postura de rechazo frontal que
las centrales sindicales vienen mostrando a la privatización
del servicio de seguridad en instituciones penitenciarias,
entre las que no se encuentra afectada la cárcel de Ceuta,
tiene mucho de recelo por considerar que podría poner en
peligro el empleo de quienes vienen desarrollando esta
labor. Sin embargo, la secretaría de Estado de Seguridad ha
dejado bien claro que la adjudicación de este servicio en 21
centros penitenciarios se trata de un refuerzo de seguridad
y con un carácter complementario a los servicios que ya
vienen prestando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado y siempre, con carácter subordinado a los mismos.
Quiere decirse que la política de colaboración
público-privada no supone exclusión alguna sino refuerzo y
complementariedad, ya que se exige formación de nivel,
experiencia y potenciación de la investigación así como
especialización a quienes desarrollen estas tareas. Las
empresas privadas se encargarían de la seguridad exterior y
el control de accesos y salas de control en los centros
penitenciarios, lo que supone en definitiva, ampliar el
campo de acción en cuanto a la seguridad.
De confirmarse la versión de la Secretaria de Estado de
Seguridad, lejos de constituir una merma para nadie, el
sistema de privatización tal y como se enfoca, no supone
voluntad privatizadora, sino más bien una adecuación de los
mecanismos de control en los centros penitenciarios para que
la vigilancia durante las 24 horas del día de los 365 días
del año, sea un hecho efectivo.
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OPINIÓN / EDITORIAL
