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Un grupo de académicos, economistas, escritores, científicos
o representantes del mundo de la cultura han elaborado un
manifiesto en el que reclaman la puesta en marcha de una
nueva Ley de Partidos Políticos que favorezca la
“regeneración de la vida democrática”, aporte una “mayor
transparencia” en su funcionamiento y así se pueda “combatir
la corrupción en España”.
Entre los promotores de esta iniciativa, que se presentará
mañana martes en Madrid y que se puede seguir en la página
web www.porunanuevaleydepartidos.es, se encuentran el
profesor de la London School Luis Garicano; el economista y
empresario César Molinas; la presidenta de la Fundación Hay
Derecho Elisa de la Nuez, y el diplomático y escritor Carles
Casajuana.
Según consta en el manifiesto, firmado por un centenar de
personalidades y al que ha tenido acceso Europa Press,
después de 30 años de democracia, en España los partidos
políticos “funcionan mal” porque “las leyes y pactos para
controlar la corrupción han fracasado”.
“En todos los países hay corrupción política, pero la
democracia interna de los partidos, la competencia entre los
que son dirigentes y los que aspiran a serlo y las
obligaciones de transparencia impuestas por la ley propician
que los políticos corruptos sean apartados con celeridad. En
España esto no ocurre y la corrupción crece”, explica.
Así, los promotores sugieren una nueva Ley de Partidos en la
que se regule su actividad y se asegure su democracia
interna y la transparencia y el control de su financiación.
Según ha explicado César Molinas en declaraciones a Europa
Press, se trata de que España “se parezca a Europa” para que
los partidos políticos pasen de estar “autorregulados” a ser
“regulados por ley”.
Todo ello, ha añadido Molinas, es visto por los
promotores del manifiesto como un paso “necesario” para
llevar a cabo después un “proceso de reforma institucional
mucho más amplio” que, a su juicio, debería acometerse en
España y en el que se podría incluir la reforma de la
Justicia, la regulación de los ‘lobbies’ y la separación de
los cargos políticos y los puestos administrativos. Se
trata, explica Molinas, de que el país pueda contar con unas
instituciones “a la altura de los retos a los que se
enfrenta”.
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protesta
