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El Gobierno de Vivas está acostumbrado a actuar en la más
absoluta impunidad. Pero esta vez se equivoca. Y se equivoca
porque CEALFE S.L., empresa editora de ‘El Pueblo’, está
decidida y no va a cesar en su empeño de llegar hasta las
últimas consecuencias en las investigaciones sobre este
‘concurso amañado’.
Caso Palma Arena, claro ejemplo
Ya existen precedentes de condenas por hechos similares. La
reciente condena a Jaume Matas por corrupción en el caso
Palma Arena es un ejemplo claro. El expresidente balear y
exministro del PP, Jaume Matas, fue condenado a seis años de
cárcel por corrupción en el primer juicio del caso Palma
Arena por pagar fraudulentamente con fondos públicos al
periodista Antonio Alemany, que se encargaba de sus
discursos y que realizó una campaña para ensalzar su
actividad política, informa TVE y RNE.
Los tres magistrados de la Sección Primera le hallaron
culpable de delitos de fraude a la Administración, falsedad
documental, prevaricación en concurso con malversación de
dinero público y tráfico de influencias.
La Audiencia Provincial de Palma consideró probado que fue
Matas quien, “al haber diseñado un plan que otros, en
cadena, ejecutaron, posibilitó la malversación de dinero
público”, según recoge la sentencia de 172 folios.
Según la sentencia, “en junio de 2.003, Jaume Matas resolvió
que el autor de sus discursos y el asesor en sus diversas
comparecencias públicas de variado calado y contenido fuese
Antonio Alemany”. En el documento de 172 folios, la
Audiencia Provincial de Palma define a este último como un
“insigne periodista” que era “afín a posicionamientos del
Partido Popular” y con una “brillante y reconocida pluma por
la calidad literaria y calado político-cultural de sus
escritos”.
En un principio, entre agosto y octubre del año 2003,
Alemany cobró sus trabajos para Matas mediante la
presentación de facturas globales por valor de 2.000 euros a
través de la empresa Consultores de Información de Baleares.
Matas buscó entonces otro medio de pago con el que Alemany
pudiera “mantenerse en el anonimato como asesor”, así como
“seguir dedicándose tanto a sus actividades privadas en el
seno de la mercantil como a su actividad como articulista,
singularmente la crónica político-social, lo que
indirectamente, por afinidad ideológica con el PP, iba a
comportar naturalmente un beneficio, sea al partido o al
presidente”.
El entonces presidente balear concibió una “estratagema” y
promovió un concurso público amañado y en el que restringió
“al máximo la posible concurrencia de licitadores” y ofreció
a Alemany “la máxima información previa para colmar
sobradamente la oferta”.
Matas se concertó con Alemany, Joan Martorell y Miguel
Romero para que la empresa Nimbus Publicidad se presentara
al concurso con el único objetivo de pagar al periodista. El
28 de octubre de 2003, el Gobierno de Baleares resolvió
adjudicar el contrato público a Nimbus Publicidad.
La sentencia condenó a Jaume Matas a cinco años, tres meses
y un día por un delito de fraude a la administración, un
delito de falsedad en documento oficial, un delito de
falsedad en documento mercantil y un delito de prevaricación
en concurso con un delito de malversación.
Por todos estos delitos el fallo le inhabilita durante cinco
años y le impone una multa de 19 meses y 15 días a razón de
una cuota diaria de 5 euros.
Además, fue condenado a otros nueve meses y un día de cárcel
y otros cuatro años, seis meses y un día de inhabilitación
por otro delito de tráfico de influciencias agravado. Por
este último delito se le inhabilita a cuatro años, seis
meses y un día y se le impone otra multa de 6.000 euros.
El periodista favorecido por Matas, Antonio Alemany, fue
condenado a tres años, nueve meses y un día de prisión por
los delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial
y mercantil, malversación y tráfico de influencias.
El ex director general de Comunicación del Govern de Matas
Joan Martorell fue condenado a un año y seis meses por
prevaricación, fraude, falsedad y malversación, aunque le
han aplicado las atenuantes de confesión y reparación del
año.
El dueño de la agencia de comunicación Nimbus, Miguel
Romero, fue sentenciado a un año, un mes y 15 días de
prisión por prevaricación, falsedad, fraude y malversación.
Proceso penal
Lo dicho, tomen nota. Los ‘corruptos’ deben acabar en la
cárcel. Mientras no lo exijamos, seguiremos viviendo en una
película de terror de donde nunca saldremos adelante.
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OPINIÓN
/
ANALISIS
