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El diputado por Ceuta, Francisco Márquez, como ponente de la
nueva ley de Seguridad Privada que quiere impulsar el
Gobierno, se refirió ayer a esta norma como la forma de
“impulsar” la creación de empleo en un sector que cuenta en
España con más de 1.500 empresas y genera más de 90.000
puestos de trabajo. Desde los sindicatos han criticado que
la normativa busca una “privatización del sistema
penitenciario”, pero Márquez aclaró que sólo se incluye la
posibilidad de que la vigilancia perimetral de las prisiones
pase a empresas de seguridad privada. “Estas son críticas
prematuras y mal informadas”, aseguró el diputado.
El popular afirmó que no se va a destruir empleo público y
que tampoco “se va a dar un paso atrás en seguridad”. “Este
es un sector importante en nuestro país y es necesario
actualizar la ley que lo rige que data del año noventa para
dinamizar esta actividad e incorporar nuevos nichos de
empleo”, aclaró Márquez durante una rueda de prensa en la
sede del PP.
Déficit a la carta
Sobre la posibilidad de que se establezca un déficit a la
carta, Márquez señaló que es positivo tener en cuenta las
particularidades de cada territorio. En el PP el debate está
servido ya que algunos barones se han manifestado en contra
de esta posibilidad, lo que para el diputado ceutí demuestra
que el partido “está muy vivo”. Aún así, Márquez señaló que
el objetivo es compaginar los intereses de cada comunidad
con el interés general del país.
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pp
