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La detención de uno de los
pistoleros más peligrosos de los que intervinieron en la
barriada de El Principe y la de un individuo que pagó a dos
sicarios para que le incendiaran su propio coche y así poder
estafar al seguro, son dos ejemplos de la eficacia policial
cuando se hace el trabajo bien hecho y se actúa con
profesionalidad, para desenmascarar la autoría de
actuaciones delictivas que merecen justicia. Ya dijo el
delegado del Gobierno que el delito no quedaría impune y que
aquéllos que estén al margen de la ley, acabarían con sus
huesos en la cárcel más pronto que tarde.
Desde estas páginas también hemos reclamado resultados en
algunas ocasiones porque no se puede dar sensación a la
ciudadanía que los malhechores campan a sus anchas o tienen
las suficientes coartadas como para protegerse de cumplir
sus responsabilidades por el delito cometido. Se requerían
consecuencias como éstas, identificando a quienes
protagonizan comportamientos fuera de la ley y precisan
compensar su deuda con la sociedad. En estos últimos casos,
la policía ha desarrollado su trabajo de investigación con
la eficacia necesaria como para detener a quienes cometieron
delito.
Continuar en esta línea de actuación y eficiencia ha de ser
no ya una necesidad social sino una obligación policial.
Nuestra seguridad no puede verse perturbada por desalmados
que, o bien la emprenden a tiro limpio como si estuviéramos
en el Oeste americano o quemando coches para sembrar el
miedo y el terror entre la población. Quienes no estén
dispuestos a convivir en paz, tampoco tienen cabida en
nuestra sociedad. Se impone el Estado de Derecho en
cualquier actuación para garantizar la conovencia pacífica.
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OPINIÓN / EDITORIAL
