Hoy compartiré con ustedes algunas
reflexiones sobre el caso de corrupción más grave, por su
cuantía económica y por sus implicaciones políticas, de
nuestra historia democrática, muy por encima del denominado
caso Filesa, aquel que enjuicio y condenó la financiación
ilegal del Partido Socialista Obrero Español, para hacer
frente a los gastos originados por las campañas electorales
del año 1989. Debemos recordar que en este caso los hechos
fueron probados por una Judicatura que condenó a varios
dirigentes de esta formación.
En primer lugar, recordar que Andalucía es la única
comunidad autónoma de España donde siempre ha gobernado el
partido socialista, nunca ha habido un cambio en su
estructura política a pesar de ser la autonomía con las
peores cifras macroeconómicas del país. Quizás por ello,
deberíamos resaltar que nos enfrentamos a un caso de
corrupción que ha repartido más de mil millones de euros
entre personas ficticias cercanas a la estructura de poder
con la única intención de consolidar la red de clientelismo
que ha asegurado en todos estos años la hegemonía política
de esta formación.
El caso de los ERE en Andalucía destapa una red de
corrupción, que hasta el momento ha sacado a relucir, entre
una treintena de nombres, los de varios altos cargos
socialistas: dos ex consejeros de empleo, un ex vice
consejero y tres directores generales de la misma área.
Dirigentes políticos que asumieron las responsabilidades
delegadas por los presidentes andaluces, Manuel Chaves y
José Antonio Griñán. Por tanto, surge una duda razonable si
tenemos en cuenta las ingentes cantidades económicas
gestionadas ¿habría sido posible hacerlo, al menos, sin el
conocimiento de quienes han ostentado la máxima dirección
política? Sin ninguna duda, las investigaciones policiales y
judiciales pondrán definitivamente nombre al señor X del
entramado de los ERE en Andalucía.
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