|
La llamada de auxilio de la
empresa adjudicataria del servicio público de autobuses a la
Ciudad Autónoma de Ceuta es un reclamo que bien merece
atención por su componente de servicio público. La difícil
situación que vive este sector, no atribuible a una mala
gestión empresarial, viene forzada por la demora de la
Ciudad en la autorización a la subida del precio de las
tarifas fijado actualmente en 0,80 euros, unido al
sobrecoste de las diversas bonificaciones que afronta la
empresa, algo inaudito en ningún otro lugar de España, ya
que las prestaciones sociales que se realizan, corren por
cuenta de los ayuntamientos o gobiernos y no por parte de la
empresa privada. De ahí que se reclame aliviar estos gastos
de bonificaciones a jubilados, estudiantes y colectivos
desfavorecidos, para que sea el Gobierno local quien las
afronte, en el caso de que no les permitan la subida de
tarifas que reclaman.
La dificil coyuntura económica también ha abocado a la
empresa concesionaria del servicio público de autobuses a un
Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que se encuentra
de momento paralizado, en tanto se conoce el pronunciamiento
de la Ciudad sobre autorización de subida de tarifas o
liberación de algunas bonificaciones que actualmente están a
cargo de la empresa. Bien es verdad que, los cinco meses de
espera, período en el que la Ciudad dice estar “estudiando”
la subida de tarifas, está llevando a la empresa a una
situación de estrangulamiento económico, ya que dice no
poder continuar con la actual situación, porque el
combustible ha subido desde 2009, nada menos que un 100%. Un
servicio tan esencial como éste del transporte público bien
merece la máxima atención y resolución para sus problemas.
El Ejecutivo local no puede mostrarse pasivo.
|
OPINIÓN / EDITORIAL
