|
Dos veces me han solicitado que entregue el audio de una
entrevista para “comprobar” que las declaraciones del
entrevistado que he recogido en mi información son
fidedignas. Las dos veces la petición ha venido por parte
del Ingesa y en las dos me he negado. Cualquier información
publicada por mi parte está debidamente contrastada y las
declaraciones que recojo y publico corresponden, en todos
los casos, a la realidad, tal como debe ser en la profesión
a la que me dedicó. El intrusismo no es mi caso, y mi
profesión me merece un profundo respeto, así como me la
merecen los lectores del medio. En base a ese respeto, basta
con esa confianza. Además, me amparan los servicios
jurídicos de la Federación de Asociaciones de Periodistas de
España (FAPE), a la que pertenezco y que, a ese respecto,
informa: “El periodista no está obligado a facilitar el
audio de la grabación de la entrevista al entrevistado o a
la empresa u organismo oficial que le represente. La
grabación sirve al periodista para redactar posteriormente
la misma y para reflejar fielmente lo manifestado por el
entrevistado”. (Aviso para que no haya una tercera vez). En
este caso, además, la situación se agrava. El Ingesa, a
través de uno de sus nada menos que dos responsables del
gabinete de comunicación, Raúl Llamas, me solicitó el audio
en el que el coordinador del 061 explicaba las “demoras”
producidas en el simulacro. Además, el Ingesa presionó a
dicho profesional, que ayer presentó su dimisión, para que
matizara sus declaraciones, a lo que él se negó. En mi
opinión, la Dirección Territorial y la Gerencia del Ingesa
deberían de preocuparse más por resolver los conflictos
internos y mejorar la asistencia sanitaria a los ceutíes, en
lugar de centrar sus fuerzas en protagonizar una “caza de
brujas” contra los profesionales sanitarios, los sindicatos
que “hablan” con la prensa y los propios periodistas. La
transparencia podría ser un buen comienzo.
|
OPINIÓN
