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El problema de la corrupción no se encuentra en la
financiación ilegal de los partidos políticos, ni en los
sobresueldos que han salido a la luz gracias al affaire de
Barcenas, ni en los negocios más o menos oportunistas y
fraudulentos que puedan hacer algunos miembros de la familia
real. Nos tienen muy entretenidos con algunos casos de
corrupción muy escandalosos pero que no llegan a ser ni la
punta del iceberg de lo que hay. Todos estos casos que
tienen responsables con nombres y apellidos son los granitos
que supuran pus y que aparecen como síntoma de la
enfermedad, pero no son la enfermedad en si. La enfermedad,
la corrupción, actúa a otro nivel, a un nivel dificilmente
detectable por la justicia, actúa de forma legal y
aparentemente sin mácula.
El problema de la corrupción se encuentra en la connivencia
entre una clase económica y empresarial poco competitiva y
una parte muy importante de nuestra clase política. Algunos
empresariado de esta ciudad no tiene más remedio que medrar
a costa de Ciudad para sobrevivir, porqué es incapaz de
ganar en competividad y en justa lid con otras empresas. Por
eso necesita a la Ciudad, por eso necesita políticos
fácilmente corruptibles, porqué es más fácil saber a qué
puerta hay que llamar para llevarse un concurso que preparar
un proyecto sólido que lo gane en competencia y sin ningún
género de dudas.
Corrupción es abuso de poder público para cambiar leyes,
reglas, concursos públicos y concesiones por sobornos del
sector privado, en dinero o especies. Pues para que haya
corrupción se necesitan dos delincuentes: corruptor y
corrompido. Quien trampea y cobra; quien paga y se
beneficia.
Hay un dato sólido que viene a apoyar esta apreciación:
España es el estado que más sanciones acumula de la UE por
causas diversas, que van de las ayudas ilegales a empresas
(el reciente caso Magefesa), a falta de control de las
autoridades en diversas actividades económicas ( véase el
caso de las plantaciones de viña en Castilla la Mancha y
Extremadura), o en adjudicaciones de concursos no ajustadas
a la ley. El tribunal de la UE ha sancionado esta semana a
España a pagar 33 millones de euros por las adjudicaciones
fraudulentas de diversos tramos del AVE que va de Madrid a
Barcelona. Esto es corrupción: concursos amañados de
antemano, sobrecostes en las obras adjudicadas, atribución
de plazas a dedo, recalificación de terrenos, favoritismo
electoralista en las inversiones, precios pactados al alza
en distintos servicios, trato de favor fiscal , condonación
de créditos, favoritismo en la publicidad institucional en
medios de comunicación, la lista es interminable y afecta a
casi todos los niveles de la producción.
Los políticos reparten dinero público a espuertas bajo
apariencia de legalidad, como en el caso de Urdangarin.
Todos estos procesos se realizan, repito, en la más estricta
legalidad, pero son prácticas corruptas, y de estas
prácticas surgen los especimenes oportunistas que intentan
sacar provecho propio, o los partidos que intentan sufragar
sus gastos como pago a sus favores.
Una de las mejores herramientas que existe para solucionar
este problema es la transparencia. Las corruptelas se
amparan en la oscuridad. Sin embargo, cuando ponemos luz
sobre esta opacidad se hace más difícil amañar concursos
públicos a cambio de un soborno u otros favores. Sin
opacidad, corruptores y corrompidos lo tendrían mucho más
crudo para esconder y perpetrar sus turbios negocios
impunemente.
Hay medidas preventivas y paliativas para erradicarla. Entre
las primeras, debemos situar la política como un ejercicio
de servicio a los ciudadanos y huir del modelo
profesionalizado actual que no exige preparación ni
formación alguna, limitando la duración de los mandatos. La
segunda, es evitar que el controlado designe al controlador,
implantándose la figura de la intervención previa por
personal de carrera y por estricto escalafón, no a dedo como
ocurre ahora. La tercera, pasa por la nítida separación
entre la política y la función pública, de manera que se
ponga orden entre todo el ejército de contratados laborales,
personal estatutario, interinos, eventuales y funcionarios,
limitándose el número de asesores y personal de confianza,
pues la corrupción normalmente exige de la complicidad de
alguno de ellos. Resulta fundamental también que la gestión
de las empresas públicas se cambie en la contratación de su
personal y en una elección de directivos y gerentes
profesionales, no de políticos a recolocar.
De lo contrario, la corrupción, pues, actúa de forma legal,
es una enfermedad crónica, una práctica que pocos
cuestionan, y que alarma y horroriza a la sociedad cuando
vemos que síntomas producen, sean políticos que se
enriquecen, sean partidos que se financian. La corrupción es
una enfermedad, con una horrible patología, pero es de ley.
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OPINIÓN
