|
La Liga Anticorrupción interpuso ayer ante la Fiscalía
Anticorrupción en Madrid una denuncia por presunta
prevaricación contra el Presidente de Melilla y Senador del
Partido Popular Juan José Imbroda, por permitir la venta del
contrato de recaudación de los tributos de Melilla de una
empresa a otro, en el llamado Caso Tribugest. El escándalo
ha saltado a la opinión pública tras una queja planteada
ante Tribugest por el diputado socialista Dionisio Muñoz, a
la que el vicepresidente de Tribugest contestó por carta que
ellos no tenían nada que ver con la gestión de tributos en
Melilla desde 2008.
•La empresa Tribugest Gestión de Tributos S.A. con un
capital social de 9,9 millones de euros resultó
adjudicataria en 2006 del servicio de recaudación de los
tributos de los melillenses hasta el año 2016, por la que
actualmente se facturan unos dos millones de euros al año.
Unos meses después, en 2007 Tribugest creó la empresa
Gestión de Tributos y Recaudación S.L. con un capital social
de 3.000 euros. Unos meses más tarde le cede a la nueva
empresa la adjudicación del contrato de recaudación de los
impuestos de Melilla. Finalmente en 2008 vende esta sociedad
al empresario Salvador Cambló, con la consiguiente venta del
contrato de recaudación. La Liga Anticorrupción ha
denunciado ante la Fiscalía que en la práctica se ha vendido
un contrato con la administración pública, sin que el
Presidente de Melilla Juan José Imbroda se opusiera y sin
que la nueva empresa cumpliera con los requisitos
establecidos en la ley para ello, entre otros el de que sea
aprobada esa cesión por la mesa de contratación de Melilla,
que la nueva empresa estuviera clasificada y que su
solvencia estuviera acreditada, tal y como marca la ley, por
lo que el Presidente de Melilla y Senador del PP habría
incurrido en un delito de prevaricación.
Ocultado a la opinión pública
Durante cinco años el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Melilla ha ocultado a la opinión pública y a los propios
diputados de la Asamblea de Melilla que la empresa que
gestionaba sus impuestos no era Tribugest, pese a ser la
concesionaria hasta 2016. El escándalo ha saltado a la
opinión pública tras una queja planteada ante Tribugest por
el diputado socialista Dionisio Muñoz, a la que el
vicepresidente de Tribugest contestó por carta que ellos no
tenían nada que ver con la gestión de tributos en Melilla
desde 2008. Como refleja la denuncia, sólo una semanas
antes, y como ejemplo del oscurantismo en que se ha movido
el gobierno presidido por Juan José Imbroda, el Consejero de
Economía de Melilla Daniel Conesa respondía al diputado de
Coalición por Melilla Mustafa Aberchán a preguntas sobre la
gestión de Tribugest en la recaudación de los impuestos, sin
desvelar en ningún momento que esta no era ya la empresa que
realizaba esas funciones para la Ciudad Autónoma de Melilla.
Desde la Liga Anticorrupción señalan que esto demuestra el
claro interés por ocultar un hecho que el Presidente y el
Consejero de Economía de Melilla saben que es ilegal.
El beneficiario
Tal y como refleja la denuncia presentada por la Liga
Anticorrupción ante la Fiscalía esta mañana el beneficiario
de la operación es el controvertido empresario Salvador
Cambló Moyano, quien ya logró el contrato de recaudación de
los impuestos en Melilla en 1999 dentro de un gran escándalo
producido por el hecho de que las tres empresas que
concursaban eran de su propiedad. No menos controvertida fue
su gestión al frente del cobro de los recibos del agua de la
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol durante la
presidencia de Jesús Gil y Gil como alcalde de Marbella o la
no menos polémica participación de miembros de su empresa en
un caso de falsificación de firmas para el cobro de multas
de tráfico en Santander. Salvador Cambló no es por tanto una
persona ajena a la vida política melillense, y tal y como
refleja la denuncia, es amigo personal de Juan José Imbroda
y de numerosos cargos del Partido Popular de Málaga, ciudad
en la que él trabajó como empleado de la Diputación.
La Liga Anticorrupción también ha señalado en su escrito de
denuncia que esta venta del contrato de la recaudación de
los impuestos de los melillenses no puede ser considerada
como una cesión de una rama de actividad tal y como alega el
Consejero de Economía de Melilla Daniel Conesa, puesto que
esa figura está reservada para otras funciones y para
llevarla a cabo también habría que cumplir otros requisitos
que no se cumplen en este caso. Para la Liga Anticorrupción,
el Caso Tribugest, que es como ya se le conoce en Melilla a
este asunto, es la demostración de la opacidad con que
habitualmente se ha movido la administración pública en esta
ciudad, opacidad de la que siempre nace la corrupción. Por
ello la Liga Anticorrupción ha señalado que como anunció
durante la presentación de la delegación territorial en
Melilla, “la impunidad se ha terminado en la ciudad y los
políticos deben saber que vamos a pedir responsabilidades
políticas y judiciales a todo el que incumpla la ley y
utilice dinero público para beneficio propio, el de sus
correligionarios o amigos”.
|
tribunales
