|
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, ha dictado una sentencia
que desestima el recurso interpuesto por Comisiones Obreras
de Ceuta contra la resolución de la Delegación del Gobierno
que declaraba la extemporaneidad y la falta de cobertura
legal de la concentración prevista para hoy en la Plaza de
los Reyes por las centrales docentes, la FAMPA y el
Sindicato de Estudiantes. Una decisición que condiciona la
protesta.
La Sala resuelve que “las reuniones en lugares de tránsito
público, como la aquí pretendida, pueden prohibirse por el
incumplimiento de los plazos para la comunicación previa”.
De esta manera la denominada “marea verde” se encuentra con
una cortapisa legal. Sin embargo, si analizamos la
situación, cabe matizar que, por ambas partes, ha faltado
entendimiento.
De un lado, Delegación del Gobierno podía haber
flexibilizado su postura, al tratarse de una movilización de
un colectivo del mundo de la Educación que, por su propia
esencia, son docentes cuyo comportamiento hay que
considerarlo desde el ámbito de las normas de conducta
cívica y, a buen seguro, responderían con un talante
correcto aunque crítico, sereno pese a sus reivindicaciones
y siempre acorde con el mundo profesional en el que se
desenvuelven.
Por otra parte, los convocantes, también podrían haber sido
mucho más previsores y haber solicitado la concentración en
el plazo adecuado para no verse ahora con el revés legal,
consecuencia de una falta de previsión notable, lo que ha
derivado en las discrepancias y desencuentros que, de otra
forma, posiblemente no se hubieran dado.
La razón está de parte del Delegado del Gobierno y la
justicia también. La conducta cívica y el talante correcto
deben corresponder hoy a la comunidad educatica.
Con independencia de la sentencia judicial, lo cierto es que
las protestas no se acallan con este tipo de medidas, ya que
también hay otros cauces de protesta. La libertad de
expresión, el descontento, el derecho a expresar la
disconformidad, no pueden silenciarse con argumentos
jurídicos basados en la temporalidad de una convocatoria,
porque el fondo de la cuestión no es ese y sí, las medidas
del Gobierno aplicadas al sector de la Educación.
En esta polémica hay que tener muy claro que, de una u otra
forma, las movilizaciones en la calle, el descontento del
colectivo y los planteamientos reivindicativos se harán oír.
La voz crítica no es época de silenciarla.
|
OPINIÓN / EDITORIAL
