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El Congreso de los Diputados aprobará mañana la Ley de
Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de
la Ley de Costas. El nuevo texto, según se informa desde el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
“afronta los problemas que no pudo solucionar la anterior
Ley de 1988 y prohíbe expresamente la construcción en
dominio público y en la zona adyacente de servidumbre de
protección, así como cualquier incremento de lo ya
edificado”.
La Ley defiende a los ciudadanos que adquirieron
“legítimamente una vivienda que se vieron después
desposeídos”. La reforma obliga a inscribir en el Registro
de la Propiedad los bienes de dominio público desde que se
inicia un procedimiento de deslinde. Esta medida había sido
reclamada por el Parlamento Europeo, pues esta situación ha
sido objeto de “miles de quejas de ciudadanos europeos”. La
Comisión Europea “ha felicitado al Gobierno por tomar esta y
otras medidas que incrementan la seguridad y la confianza en
España”. Otra de las medidas “esenciales” es la mejora de la
situación jurídica de los antiguos propietarios de bienes en
la costa, en “especial de viviendas”, que la Ley de 1988
expropió. La nueva legislación prorroga las concesiones de
esos ciudadanos hasta un máximo de 75 años.
Protección ambiental
La normativa “tiene como primer objetivo la protección
medioambiental de la costa, diferenciando entre los tramos
urbanos y naturales de las playas, preservando las playas
vírgenes al limitar en ellas tanto las ocupaciones como las
actividades, aumentando en todo caso su protección”. La Ley
tiene “como primer objetivo la protección medioambiental de
la costa, diferenciando entre los tramos urbanos y naturales
de las playas, preservando las playas vírgenes al limitar en
ellas tanto las ocupaciones como las actividades, aumentando
en todo caso su protección”.
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