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UGT continúa trabajando para conseguir que los
trabajadores del Centro de Menores ‘La Esperanza’ cuenten
con las medidas de seguridad necesarias que les permita
realizar su labor con las máximas garantías. Precisamente
ayer, la secretaria Federal de Mujer e Igualdad de la
Federación de Servicios Públicos de UGT, María Victoria
Carrero Díaz, visitó la ciudad para entrevistarse con 12 de
las trabajadoras del citado centro que en los últimos meses
vienen sufriendo continuas agresiones por parte de algunos
de los menores que se encuentran acogidos en el centro.
La secretaria Federal de Mujer e Igualdad de la Federación
de Servicios Públicos de UGT, María Victoria Carrero Díaz,
se desplazó ayer hasta Ceuta para mantener una reunión con
las trabajadoras del Centro de Menores ‘La Esperanza’ que
vienen sufriendo continuas agresiones y vejaciones por parte
de algunos jóvenes de los que se encuentran en dicho centro.
Carrero Díaz, quien atendió a EL PUEBLO una vez mantenida la
entrevista con las trabajadoras agredidas, reconocía que
“aunque el secretario general de la FSP-UGT de Ceuta, Juan
Carlos Pérez, le había informado en diversas reuniones en
Madrid de lo que estaba ocurriendo en el Centro de Menores
‘La Esperanza’ con las agresiones por parte de estos jóvenes
a las trabajadoras que allí desempeñan su labor, hasta que
no he mantenido hoy esta reunión con estas trabajadoras no
puedes llegar a entender que grado de sufrimiento están
padeciendo estas mujeres en sus puestos de trabajo, y
algunos de los relatos son verdaderamente espeludnantes”,
aseveraba la secretaria de Mujer e Igualdad de la FSP-UGT.
La sindicalista se mostraba “absolutamente impresionada”
tras conocer las “terribles situaciones psicológicas que
tienen que soportar, llegándose a hablar incluso de acoso
sexual”. Para Carrero Díaz es “gravísimo” que la Ciudad
Autónoma esté “permitiendo” que sus trabajadores y
trabajadoras estén sufriendo cuando desarrollan su puesto de
trabajo “acoso sexual, violencia física, vejaciones, falta a
la dignidad, pérdida de autoridad ante los menores por las
continuas correcciones que los superiores les realizan ante
los jóvenes”, además de indicar que estos menores más
agresivos tienen edades comprendidas entre los 14 y 17 años
y que por consiguiente, pese a seguir siendo menores, muchos
de ellos poseen una corpulencia y una estatura considerable
que frente a una mujer siempre llevan las de ganar.
La secretaria de Mujer e Igualdad confesaba sentirse
“alucinada y decepcionada” con el Gobierno de Ceuta al
resaltar que la Administración local en este caso es el
empleador y como tal tiene una serie de responsabilidades
sobre sus trabajadores “y los tiene que proteger”, y pese a
que reconocía que los jóvenes son menores y tienen unos
derechos, “los trabajadores también tienen sus derechos,
también son personas que conlleva otra serie de derechos
fundamentales que en este caso se están vulnerando”.
Desde la central sindical se ha resaltado que la Ciudad
Autónoma ha tenido conocimiento en numerosas ocasiones, a
través de las denuncias formuladas desde la UGT, de estas
continuas agresiones y situaciones de violencia y
vejaciones, por lo que la sindicalista manifestaba a EL
PUEBLO que “la Ciudad Autónoma tenía que haber tomado
medidas, y como no lo ha hecho se puede decir que la
Administración está incurriendo en una responsabilidad
incluso penal, si estas denuncias se empezaran a tramitar
por la vía judicial”.
Precisamente, lo que establece la ley de Salud Laboral de
Prevención de Riesgos Laborales, cómo la Ley de Igualdad, es
que el responsable último en estos casos de acosos sexuales,
es el máximo responsable político de esa administración, que
en este caso sería el presidente de la Ciudad Autónoma de
Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara, más los distintos cargos
intermedios que también han tenido conocimiento de todas
estas incidencias por parte de los menores y que no han
puesto en ningún momento remedio a esta situación.
Uno de los aspectos que consideró como fundamental en que se
haya ido agravando esta situación es el que las trabajadoras
hayan sido continuamente desautorizadas delante de los
menores.
Carrero Díaz afirmaba que este tema le parece “gravísimo” y
exigía una intervención inmediata para solucionar esta
situación, a la vez que alertaba que de no corregirse “los
niños cada vez irán más lejos, y no sólo están ya acosando y
atemorizando a los trabajadores del centro, sino también a
sus familiares. Les dan los nombres de los colegios donde
van sus hijos y les amenazan, incluso una trabajadora fue
agredida junto a su hija menor en la calle Real en la que
tuvo que actuar la policía”.
Sobre el pronunciamiento de la Ciudad de que “son menores y
hay que protegerlos”, la sindicalista se mostró de acuerdo
pero también indicó que “los trabajadores, en nuestros
centros de trabajo, cuando hay agresiones por parte de
terceros hay que intervenir”.
A este respecto, la sindicalista consideró la situación
todavía más grave al resaltar que la Ciudad Autónoma de
Ceuta, “para colgarse la medalla”, ha firmado con las
organizaciones sindicales en la Mesa de Negociación un plan
de igualdad y un protocolo de acoso sexual y acoso por razón
de sexo, a medida que recordaba que las trabajadoras del
centro están siendo “acosadas sexualmente por algunos
menores” y que la Ciudad no ha activado el mismo.
Por tal motivo, desde la UGT ya se adelantaba ayer que va a
solicitar que se ponga en marcha este protocolo y para ello
presentará las denuncias pertinentes, con lo que exigirá a
la Ciudad Autónoma la responsabilidad adquirida con la firma
de este acuerdo, la cual no es sólo la de erradicar las
conductas que se puedan estar padeciendo en este momento
sino la prevención, “la cual tampoco se está llevando a cabo
en este centro y me temo que en ningún otro centro”.
Durante la entrevista mantenida con EL PUEBLO, María
Victoria Carrero Díaz reconocía que ha animado a la docena
de trabajadoras que ayer se reunieron con ella para explicar
el “calvario” que están pasando en el Centro de Menores ‘La
Esperanza’, que “lo denuncien via judicial” al considerar
que la situación es tan “grave y alarmante, ya que han sido
vejadas, humilladas, se les ha faltado a sus derechos
fundamentales, a su dignidad, al honor incluso por parte de
órganos intermedios que han puesto en tela de juicio su
profesionalidad, y además están siendo coaccionada porque
gran parte de la plantilla de este centro es personal
interino y en una situación de precariedad muy importante
con la situación de desempleo que actualmente se está
viviendo en el país, y esto no se puede consentir, no
podemos dejar que se aprovechen de esa precariedad laboral
para acallarlas y que no salte un escándalo que en ningún
momento hubiera llegado a estos niveles si la Ciudad, desde
el momento en que UGT lo puso en su conocimiento, hubiera
actuado e intervenido adecuadamente”.
Con respecto a los cuatro vigilantes de Seguridad Privada y
los dos agentes de la Policía Local con los que la Ciudad
Autónoma ha querido reforzar la seguridad del centro,
Carrero Díaz destacaba que “esta medida no vale
absolutamente para nada al no existir un protocolo de
actuación dentro del centro, por lo que tanto los agentes
locales como los vigilantes de seguridad no se atreven a
actuar ya que, volvemos a lo mismo, se está tratando con
menores, los cuales tienen sus derechos que por supuesto hay
que respetar, pero que también tienen sus deberes y además
están aquí para educarles y formarles, algo que parece que
deja bastante que desear porque impiden a los educadores y
cuidadores del centro desempeñar su trabajo porque están
sufriendo una situación de acoso y psicosis que son
incapaces de poder resolver”.
Para la sindicalista “cuando se comete un delito, la persona
que lo comete sea mayor o sea menor tiene que pagar ante la
justicia. Además, siendo menor puede que con las medidas que
contempla de la Ley del Menor todavía ese niño se pueda
rectificar su conducta y su agresividad y pueda ser un
adulto integrado de manera normal en la sociedad”. A este
respecto Carrero Díaz consideraba que “a la propia Ciudad
Autónoma le debe interesar que estos temas acaben via
judicial y con un fiscal de menores y los equipos de menores
que realizan los seguimientos y ponen las medidas para
reconducir esas conductas, también son ellos los primeros
interesados en que estas personas de esta plantilla puedan y
deban acudir a la vía judicial”.
Finalmente, tal y como así lo manifestaba la secretaria de
Mujer e Igualdad de la FSP-UGT, desde la central sindical se
ha solicitado con carácter urgente una reunión con la
Ciudad, la cual se celebrará el próximo lunes, con el fin de
iniciar los trabajos para establecer los protocolos, e
igualmente la Ciudad a través del protocolo de acoso sexual
y acoso por razón de sexo contempla que la comisión de
igualdad al tener conocimiento de estos temas puede y debe
adoptar una serie de medidas cautelares, las cuales también
serán solicitadas por parte de UGT con carácter urgente con
el fin de proteger e intentar erradicar lo antes posible
estas conductas de estos jóvenes.
Por último, Carrero Díaz resaltaba que en todos estos años
que lleva trabajando en esta sección desde Madrid, y pese
haber vivido situaciones bastante graves, siempre han sido
casos individuales, y nunca de un colectivo tal y como está
sucediendo en el Centro de Menores La Esperanza, y además
con esa importante falta de responsabilidad, y dejadez por
parte de sus empleadores.
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