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El Gobierno de la Ciudad ha
mostrado verdadera obsesión por cubrirse ante el vendaval de
críticas que le han llovido en el caso Urbaser. Eso explica
que Martínez se mostrara muy contundente al asegurar que no
se ha pagado más de lo que decía el contrato, incluso que se
había pagado menos, mientras al mismo tiempo pedía prudencia
sobre el incumplido reiterado del contrato por parte de
Urbaser y el pago indebido a la citada empresa.
Y llegados a este punto cabe preguntarse: ¿Qué intereses
defiende el Gobierno de Vivas? Pues única y exclusivamente
los suyos, en un intento desesperado de tapar sus propias
vergüenzas que han quedado al descubierto. De manera que, si
se abonó lo que decía el contrato en cuestión de
amortizaciones sin comprobar las mismas, se benefició a
Urbaser y, si esta empresa incumplió el contrato y se obvió,
igualmente se favoreció a la adjudicataria del servicio de
limpieza viaria. De una u otra forma, nunca se protegieron
los intereses generales, con una conducta irresponsable de
la que el erario público se ha visto perjudicado por la
incapacidad de los responsables políticos y técnicos que
debían salvaguardar los intereses de todos nosotros con
mucho más celo. No lo hicieron y nos vemos en esta tesitura
de achicar balones, como se diría en el mundo del fútbol.
Los desatinos han sido muchos, la negligencia ha campado a
sus anchas y nuestros políticos han realizado una muy mala
gestión de la cosa pública. Ahora se excusan en que
reclamaran lo que nunca debieron dar, se amparan en
argumentos a los que se recurren una vez descubierto el
descontrol existente, pero no proclaman a los cuatro vientos
su culpabilidad ni por asomo, ni siquiera piensan en pedir
responsabilidades a nadie o en asumirlas ellos mismos. El
sombrío panorama nos sitúa en un horizonte muy oscuro en el
que no existe ni propósito de enmienda ni arrepentimiento
por la mala conducta. Un pecado por el que no se pide la
absolución.
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OPINIÓN / EDITORIAL
