|
Los ciudadanos somos plenamente
conscientes que una cédula de habitabilidad es una
certificación garantista expedida por la administración es
decir, un documento oficial que acredita el cumplimento de
los requisitos mínimos exigibles para que un espacio pueda
ser habitado por personas a nivel de salubridad, higiene y
solidez. Está legalizada por las comunidades autónomas y
caduca cada 15 años. Los requisitos establecidos no son muy
exigentes así que lo más habitual es que las viviendas
cumplan los mínimos.
Ceuta no puede ser diferente al resto del territorio
nacional. Ceuta no puede ser una isla jurídica al capricho
de intereses espurios a pesar de que la normativa vigente en
nuestra ciudad (Reglamento Regulador del Procedimiento de
Concesión y Control de las Cédulas de Habitabilidad)
equiparable a las existentes en el resto de comunidades
autónomas, haya sido debatida en sesión plenaria tras
escuchar la exposición de motivos planteada por la formación
proponente, coalición Caballas. Sin ninguna duda, existen
circunstancias excepcionales revisables, pero la
excepcionalidad no puede convertirse en habitualidad.
Las administraciones públicas no pueden permitir la
aprobación de normativas diferenciadoras, normativas que
permitan exenciones legales en materias esenciales al otro
lado del Estrecho de Gibraltar a pesar del discurso
demagógico de quienes tan solo pretenden obtener rédito
político a consta de la seguridad de los ceutíes. En
definitiva, resulta extraño constatar la realidad de una
formación que tradicionalmente argumenta sus planteamientos
localistas en supuestas desigualdades con el resto de
territorios del Estado, pero ahora plantea una propuesta que
incide directamente en estas diferencias. Tan difícil es de
entender.
|
OPINIÓN / AL SUR DEL SUR
