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Las manifestaciones efectuadas en
los últimos días con motivo del informe técnico encargado
por el Gobierno de la Ciudad a los servicios de Intervención
respecto a la situación contractual con la anterior empresa
adjudicataria del servicio de limpieza viaria, Urbaser,
ponen de manifiesto la ausencia total de memoria histórica
de alguno de nuestros dirigentes políticos. Una falta de
memoria motivada, o bien por la bisoñez de algunos de ellos
o por el interés partidista en desacreditar la gestión del
Ejecutivo local. Por cierto, una adjudicación elaborada y
aprobada por los diputados del grupo parlamentario
pertenecientes al Grupo Independiente Liberal (GIL).
En principio, recordar la responsabilidad de unas
formaciones políticas (PP, PDSC Y PSOE) que suscribieron un
pacto de gobernabilidad, obviando diferencias ideológicas,
con la única intención de apartar del Gobierno de la Ciudad
al Grupo Independiente y Liberal del fallecido Jesús Gil.
Una vez hecho este reconocimiento, recordar también que fue
el voto favorable a la moción de censura de la ex diputada
socialista, Susana Bermúdez, el que posibilitó el acceso al
sillón presidencial del grupo venido desde Marbella. Por
cierto, puestos a recordar, no quisiera finalizar este
párrafo sin puntualizar, que este fue el único medio de
comunicación escrito de la ciudad que mantuvo su
independencia informativa en una época especialmente
convulsa.
Una vez hechas estas puntualizaciones, señalar que a fecha
de hoy está confirmada la existencia de un informe técnico
encargado por el Gobierno de la Ciudad para conocer
exactamente la situación económica con la anterior
concesionaria del servicio de limpieza. Un informe que
señala claramente un desfase en las cuentas por un importe
de 12,5 millones de euros. También conocemos las acusaciones
vertidas por el secretario general del partido socialista de
Ceuta, compartidas por otras formaciones políticas en la
oposición a excepción de la coalición Caballas. Y por
último, que corresponderá a la Justicia pronunciarse
respecto a una polémica que ha puesto en serios apuros al
Gobierno de la Ciudad.
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OPINIÓN / AL SUR DEL SUR
