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La reforma de la Ley 7/85 busca
garantizar el carácter independiente del interventor y
fortalecer su figura para que el control financiero no esté
sometido a comportamientos graciables, cuando no parciales o
sumisos con el Gobierno de turno. De ahí la importancia de
que sean habilitados estatales por concurso nacional y no
eventuales en sus cargos con esa condición de vinculación al
Ejecutivo que los pone sin las garantías que se requieren en
cuestiones tan importantes como las cuentas públicas.
Los controles de legalidad al servicio del ciudadano han de
ser diáfanos, con absoluta garantía de legalidad y evitando
situaciones como las que se están dando en nuestra Ciudad
Autónoma. Se requiere máximo rigor para evitar espectáculos
como los que se vienen dando, con un desmadre increíble y
una falta de seriedad que descubren conductas incorrectas
que derivan en responsabilidades y en continúas llamadas de
atención del Tribunal de Cuentas, que reiteradamente no son
atendidas, porque este Gobierno hace de su capa un sayo y
desatiende lo que le place.
Desde hace años viene indicando el Tribunal de Cuentas que
el interventor, el tesorero y la secretaria general deberían
ser habilitados estatales y Juan Vivas y su Gobierno hacen
caso omiso a la indicación de manera reiterada. Y encima, la
modificación que va a implantar Mariano Rajoy y Cristóbal
Montoro para fortalecer la figura del interventor local y
dotarlo de mayor imparcialidad ya garantizar así un control
financiero y presupuestario más riguroso de las
Administraciones locales, parece pasar desapercibida por el
Gobierno de la Ciudad que mantienen en sus cargos a quienes
han puesto a dedo para que continúen haciéndolo “tan bien”
como hasta ahora. No hay peor sordo que quien no quiere oir.
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OPINIÓN / EDITORIAL
