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Los indicios suficientes para
considerar que estamos en presencia de delito que aprecia el
Ministerio Fiscal en la denuncia presentada por el
secretario general del PSOE de Ceuta, José Antonio Carracao,
abren un nuevo horizonte en la polémica desata tras hacer
público el portavoz socialista, el desfase de 12 millones y
medio de euros pagados indebidamente a la empresa Urbaser.
En un panorama de descalificaciones por parte del Partido
Popular y de uno de los partidos de la oposición, Caballas,
no se puede obviar que el Fiscal ha dado traslado al Juzgado
de lo Penal. Quiere decirse que la sospecha de presunto
delito sobrevuela, de momento, al Gobierno de la Ciudad.
Recuérdese que hace unos días aludíamos al último informe
del Tribunal de Cuentas que exponía las malas prácticas de
este Ejecutivo y considerábamos que el germen de la
corrupción podía explotar en nuestra ciudad. Y lo ha hecho
antes de lo previsto.
El nuevo escenario que se dibuja en estos momentos sitúa a
Juan Vivas y su equipo como diana de la Justicia a la que
habrán de rendir cuentas, por muchas descalificaciones e
intentos de desacreditar al líder socialistay a este medio,
que quieran ejercer. El Partido Popular no ha defendido con
gallardía y buen talante su postura sino que se ha dedicado
a utilizar una conducta barriobajera y soez, con intentos de
ridiculizar utilizando chascarrillos contra José Antonio
Carracao, en vez de entrar en el fondo de la cuestión. Para
su desgracia, este Gobierno se ha encontrado con el informe
de un técnico -tanto como ellos aluden en otros casos, a la
“fuerza” de un informe técnico-, que les ha superado y que
va firmado con nombre y apellidos para evidenciar que no se
actuó correctamente. La fiscalía dice que “existen indicios
suficientes para considerar que estamos en presencia de
delito”. Y por ello irán ante el juez.
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OPINIÓN / EDITORIAL
