|
Las declaraciones realizadas ayer por el presidente de la
Ciudad, Juan Vivas, resultan muy grave en un responsable del
Gobierno. Sus palabras y las de la Secretaria General del PP,
Yolande Bel, insultan a la inteligencia de las personas e
intentan engañar a la opinión pública y a la oposición,
tergiversando la investigación realizada sobre lo ocurrido.
De Yolanda Bel se puede llegar a entender, pero un político
de la categoría de Vivas no puede afirmar que el informe
realizado por el técnico es brillante y reconocer que ha
habido un error de 12,5 millones de euros y acto seguido
mirar para otro lado. Se equivoca al defender lo
indefendible y no depurar responsabilidades políticas de
forma cautelar, antes de que la investigación judicial
empiece a arrojar luz sobre lo realmente ocurrido y ponga a
cada cual en su sitio. Cuando llegue ese momento ya será
tarde, porque quedarán en evidencia todos los que hayan
mirado para otro lado, a pesar de la gravedad de este y
otros sucesos que seguro iran ‘explotando’ las próximas
semanas.
El daño ya está hecho, por lo que debe asumir
responsabilidades y no solo rectificar verbalmente. Aquí hay
una responsabilidad «in vigilando», saber lo que estaba
pasando. Sin prejuzgar a nadie ni imputar responsabilidades
penales a nadie, lo que está claro es que si en su Gobierno,
él mismo, un consejero o cualquier otro cargo hacen un
agujero de 12,5 millones de euros a la Ciudad, se tienen que
ir.
Resulta vergonzoso que intente esconderse tras los técnicos
municipales, y defenderse acusando a algunos medios de
comunicación de ofrecer información sesgada.
Los ciudadanos, a pesar de este tsunami desinformativo y
manipulador por parte del Gobierno de Vivas, cada vez son
más conscientes de que, al margen de la responsabilidad
penal que se pueda demostrar en cada caso, se requiere una
responsabilidad política, que en otros países existe y aquí
no, entre otras causas, porque los medios de comunicación
generamos, a veces, una cierta tolerancia hacia conductas
absolutamente repudiables en vez de posicionarse en contra
de forma unánime y firme en todas y cada una de ellas.
La exigencia de responsabilidades políticas –las penales ya
se verán- no pueden venderse como “cacerías contra Vivas”
o ataques al PP, por más que sea lo que pretendan algunos,
sino como el precio que, al menos, por su manifiesta
incompetencia, deben pagar quienes en el marco de su
responsabilidad permitieron, por acción u omisión, la
proliferación de hechos como los que ha denunciado el
Secretario General del PSOE, José Antonio Carraco.
Si alguien ha ido abonado a Urbaser un cantidad total de
12,5 millones de euros durante años de forma irregularmente
es porque algún personaje de ámbito superior competencial
hizo dejación de su responsabilidad y, como mínimo, se lo
permitió. Discutir por qué lo hizo o buscar excusas a su
proceder es irrelevante. Lo esencial es que, ante su
evidente incapacidad en el ejercicio de su responsabilidad,
se le exija unánimemente la dimisión de su cargo.
La responsabilidad política no se rige por el principio de
legalidad, sino por el de oportunidad, y la única
consecuencia sancionadora que se deriva de su exigencia es
la pérdida del cargo político que se ocupe. Por otro lado,
la responsabilidad política es, con frecuencia, de carácter
objetivo. Ello quiere decir que puede exigirse por la mera
concurrencia de un hecho o, incluso, por la acción de un
tercero, aunque la actuación objetiva del responsable no
esté directamente vinculada al hecho generador de su
responsabilidad.La responsabilidad política no excluye la
concurrencia de otras responsabilidades jurídicas, pero es
ajena a ellas.
Pero la realidad es que plantear en serio la exigencia de
responsabilidades políticas en este circo mediático, cuando
hasta las responsabilidades penales investigadas son
tergiversadas con grandes dosis de cínica parcialidad, es
como pedir peras al olmo.
|
OPINIÓN
/
ANALISIS
