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El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, aseguró ayer que la
alegación presentada por la Delegación de Gobierno acerca de
la modificación de la concesión de cédulas de habitabilidad
-aprobada en el Pleno de enero- para que viviendas puedan
acceder a servicios como electricidad o agua, hay que
“abordarla con absoluta normalidad”. El presidente comentó
que el “compromiso” es “regularizar” viviendas pero “al
mismo tiempo combatir la edificación ilegal” en Ceuta.
El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, aseguró ayer que la
alegación presentada por la Delegación de Gobierno acerca de
la modificación del Reglamento Regulador del Procedimiento
de Concesión y Control de las Cédulas de Habitabilidad hay
que “abordarla con absoluta normalidad”.
“No es que vaya por el camino de condicionar la oportunidad
de la medida; es una alegación jurídica y creo que para eso
está también la Delegación del Gobierno y todas las
administraciones”, afirmó y añadió que no era un “proceso
oculto” sino “transparente”. Sin embargo, Vivas aseguró que
la Ciudad ha planteado esta medida “con las debidas cautelas
para determinadas viviendas que cumplan con una determinada
característica”. La iniciativa fue aprobada por unanimidad
en el Pleno de la Asamblea celebrado el pasado mes de enero.
“Si Delegación de Gobierno considera que esta formulación no
es legal hace bien en decirlo”, resaltó. Vivas informó de
que se ha traslado la alegación de González Pérez a los
Servicios Jurídicos de la Ciudad y “si dicen que
efectivamente la Abogacía del Estado, o quien haya promovido
esa actuación en la Delegación lleva razón, pues se
rectificará”. “Si por el contrario”, continuó, los Servicios
Jurídicos de la Administración Local dicen que “está bien
adoptada, pues se mantendrá”. En cualquier caso, “cabe
incluso la posibilidad de una vía contenciosa al respecto y
no pasa nada” ya que “es sano democráticamente”, comentó.
Lo que Vivas destacó que “no es bueno” es que las
administraciones “pongan chinas en el camino unas a otras de
manera soterrada”. “Ese es el camino que no me gusta, a mí
me gusta este camino, el de la transparencia y claridad”, en
relación a la alegación.
Por otro lado, el máximo representante del Ejecutivo local
avisó a Caballas: “Que nadie pretenda tampoco sacar a
colación que si esto es una fricción; las fricciones, cuando
hay mala intención para alimentarlas, no se hacen a las
claras ni con luz ni taquígrafo, se hacen de otra manera”.
Vivas es de la opinión de que “también puede haber opiniones
políticas que quieran aprovecharse de esta cuestión” pero
“es una pura especulación y una manipulación de un hecho que
está sometido a un proceso legal impecable”.
“Las personas no tienen por qué pensar siempre lo mismo y
las instituciones tampoco y es bueno que eso se explicite
siempre que se haga por los cauces legales y democráticos”.
Además, el presidente aseveró que “lo que tiene que tener
muy claro el ciudadano” es que tanto la Delegación como la
Ciudad tienen “absolutamente claro que lo primero es la
defensa del interés general y que por encima de eso no hay
ninguna otra cuestión, ni fricciones personales ni malos
entendidos”. En definitiva, “lo primero es la defensa de
Ceuta y del interés general”.
Regularizar viviendas
En cuanto a la situación de irregularidad de viviendas en la
ciudad, Vivas volvió a manifestar el “compromiso” para
“regularizar y al mismo tiempo combatir la edificación
ilegal en Ceuta”. “El compromiso de este Gobierno es conocer
cuáles han sido las acciones que se están llevando a cabo
para reprimir la edificación ilegal y al mismo tiempo algo
que nos parece que va a ser muy ilustrativo, y es conocer el
número de las viviendas en Ceuta que están en situación
irregular y cuál es la causa de la irregularidad”,
apostilló.
La Ciudad ha realizado varios censos sobre el número de
casas en esta situación, aunque Vivas argumentó que “el dato
de partida es fundamental para afrontar el asunto y hay que
afrontarlo con la perspectiva de normalizar, de regularizar
y sobre todo para que el problema no siga creciendo”.
La Delegación de Gobierno presentó esta alegación el pasado
13 de marzo tras la aprobación de forma unánime del Pleno de
la Asamblea. En el texto se cuestiona la concesión de
cédulas de habitabilidad a las viviendas irregulares para
que puedan disponer de servicios como electricidad y agua.
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