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La alegación del delegado del Gobierno al acuerdo Partido
Popular-Caballas sobre una ordenanza que permita que las
viviendas ilegales puedan contratar suministros básicos ha
desatado las críticas del grupo político de la oposición que
hace una interpretación torticera de la legalidad,
adaptándola a sus circunstancias y electorado, como si
hubiera una legalidad para unos ciudadanos que cumplen con
la leyes y con sus impuestos y otra, la que a ellos les
interesa, para los que hay que eximirlos de todo.
Se equivoca Caballas de parte a parte, porque no hay dos
sociedades sino una sola, donde los preceptos legales, ellos
no son quienes para cambiarlos, aunque en este caso cuenten
con la anuencia del Grupo Popular en la Asamblea, plegado a
los caprichos de Mohamed Alí y Juan Luis Aróstegui, en un
intento de ganarse sus voluntades para lograr la inmunidad
de críticas. Esta vergonzosa actitud, no puede llevarnos al
capricho de unos políticos que adaptan la ley a su intereses
como si fuera una gominola y, como no estamos hablando de un
juego de niños, hay que hacerles ver, que las viviendas
ilegales la mayoría de ellas contruidas en suelo público,
por su propia condición de tales, no pueden disponer de
contrato de luz eléctrica ni de abastecimiento de agua,
porque estos servicios, cuando los demás los requerimos, nos
reclaman un sinfín de documentación que, para los casos
puntuales de Mohamed Ali y Aróstegui, ellos quieren que se
eludan. Así, hay dos varas de medir, discriminación absoluta
para el ciudadano que cumple con la ley y una normativa para
quienes se ponen por montera nuestra legislación. Ya está
bien que Juan Vivas se pliegue a los caprichos de quienes
son lobos con piel de corderos. Caballas podrá manipular y
poner en contra del Delegado a las 500 familias que viven en
casas sin licencia, pero tiene a su favor a la gran mayoría
de ciudadanos que cumplimos con la Ley cada día.
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OPINIÓN
