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El asunto que ha destapado el secretario general del PSOE de
Ceuta, José Antonio Carracao, relativo al exceso de pago de
12,5 millones de euros a Urbaser en concepto de amortización
de maquinaria, no hace más que poner sobre la mesa un
presunto caso de prevaricación y malversación de fondos
públicos en el que la Fiscalía Anticorrupción habría de
intervenir de oficio, dada la gravedad de la posible
desviación económica generada.
El informe emitido por el técnico de gestión contable de la
Ciudad Autónoma de Ceuta pone en el disparadero, no sólo a
los políticos, sino también a los técnicos, ya que se han
ido librando cantidades durante la friolera de diez años
consecutivos, sin que nadie advirtiera la ilegalidad
cometida. De esta manera, se han generado toda una cadena de
responsabilidad que habría que depurar.
Abonar 12,5 millones de euros de más no es asunto nimio. Y
lejos de desmentir este asunto, el portavoz del Gobierno, en
una comparecencia improvisada y lastimosa, sale con tibieza
hablando de prudencia, cuando precisamente este Gobierno que
lidera Juan Vivas, si de algo ha adolecido en este caso, es
de no ser prudentes y han actuado con una alegría y
diligencia más que sospechosa.
Cuando se habla de asuntos tan graves y millonarios, no hay
que reclamar prudencia sino dar explicaciones y cuanto más
claras, mejor. Por ello, no procede tratar de eludir el
fondo de la cuestión con intentos de justificaciones
mezclando conceptos como amortización con devengos a
trabajadores, cuando son cuestiones bien distintas.
No basta con que Guillermo Martínez afirme que “si el
expediente se cierra confirmando lo que dice el primer
informe técnico, esto es, que Urbaser cobró de forma
indebida 12,5 millones de euros, el Ejecutivo se los va a
reclamar llegando a los juzgados”. El asunto es de tal
gravedad que los ciudadanos no van a quedar satisfechos
hasta que no se depuren todas las responsabilidades ya sean
políticas o penales de todos los que tengan responsabilidad
en este caso.
El tema es tan complejo, que a pesar de que se ha dicho que
el Gobierno ha encargado un “contrainforme” al que ha
realizado de “motu propio” el técnico en cuestión sobre el
desfase millonario en el pago a Urbaser en amortización de
maquinaria, no habrá ningún técnico que se atreva a plasmar
su firma a no ser que sea tan atrevido que no le importe ir
al Juzgado denunciado.
Desde un punto de vista coherente el asunto que nos ocupa es
un indicativo de que pudiera haber corrupción por un hecho
continuado de diez años. Además, según la denuncia del PSOE,
“falta maquinaria en las actas de inventariado de equipos y
de entrega de bienes”, sin que aparezca la firma del
interventor por ningún lado.
Además, el importe de la inversión a realizar por Urbaser
según la propuesta económica presentada para la
reestructuración del contrato de septiembre de 2001 (época
de traspaso de poderes del Gobierno del GIL al Partido
Popular), es de 4.121.121,70 euros, cuando el importe total
de la inversión realizada por la empresa concesionaria del
servicio ha sido inferior al presupuesto incorporado en la
propuesta económica en 298.800,31 euros.
En este desastroso proceder en el que hubo un desorden
clamoroso y, desde luego, señor Guillermo Martínez, muy poca
prudencia a la hora de ser escrupulosos en los pagos a
Urbaser, se le permitió a esta empresa que no abonara el
importe del IPSI por un total de 356.410,92 euros. Una
tolerancia que no se corresponde con los embargos que se
practican cuando hay un impago de una multa de tráfico o
cuando algún modesto ciudadano sufre, a causa de la crisis
económica, algún contratiempo económico y este mismo
Gobierno tan tolerante con Urbaser, resulta implacable y le
embarga sin compasión.
No caben excusas en este asunto como tampoco fue contundente
el portavoz del Gobierno en su intento de réplica al
portavoz socialista y secretario general del PSOE de Ceuta.
Esta es una “patata caliente” que sobrepasa los mínimos
límites permitidos y al superar esa línea roja que separa la
legalidad de la ilegalidad, puede generar responsabilidades
de todo tipo.
No se olvide nunca que quien realiza el informe motivo de
escándalo es técnico de gestión contable y los políticos que
se amparan en los técnicos, esta vez se han encontrado con
alguien que ha sido capaz de indagar, averiguar, preocuparse
de cuadrar unos números que son, como decíamos días pasados,
tal vez el germen de la corrupción política en Ceuta.
No se va a poder desmontar que la cantidad realmente
invertida por Urbaser en amortización de maquinaria ha sido
de 3.466.910 euros y la Ciudad ha pagado de más en concepto
de amortización 12.519.012 euros. Un “desajuste”, un desfase
al que alguien habrá de responder. Pronto, claro y con
documentos.
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OPINIÓN
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ANALISIS
