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El Estado destinó en 2012 algo más de 94 millones de
euros para pagar a los cerca de 3.000 profesores que
imparten la asignatura de religión católica en Educación
Infantil y Primaria. En cuanto al personal que ejerce
servicios espirituales en las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo
explica que el coste durante el pasado año ascendió a 47.823
euros.
El Estado destinó en 2012 algo más de 94 millones de euros
para pagar a los cerca de 3.000 profesores que imparten la
asignatura de religión católica en Educación Infantil y
Primaria. En una respuesta al diputado del PSOE Juan
Moscoso, el Gobierno explica que el Estado “sólo paga el
coste de los profesores de religión católica, del nivel de
Educación Infantil y Primaria, de Andalucía, Aragón,
Canarias, Cantabria, Ceuta, Melilla y los colegios en el
exterior”, según recoge la Agencia Efe.
Así, durante el pasado año el coste de las retribuciones de
los 2.953 profesores de religión católica para este ámbito
fue de 71.911.164 euros y el coste de seguridad social
correspondiente a esas retribuciones ascendió a los
22.292.460 euros, por lo que el coste total del profesorado
fue de 94.203.625 euros. El Gobierno central informó además,
que estos profesores impartieron, durante 2012, un total de
69.787 horas lectivas.
Fuerzas Armadas
En cuanto al personal que ejerce servicios espirituales
dentro del Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas
Armadas, el Ejecutivo explica en otra respuesta
parlamentaria que existen 74 capellanes castrenses, dos
vicarios episcopales y un arzobispo castrense. Su coste en
2012 ascendió a 471.823 euros.
Sobre la asistencia religiosa en centros penitenciarios, la
transferencia a la Conferencia Episcopal Española prevista
en los presupuestos generales del Estado para 2013 es de
309.500 euros.
En 2012 prestaron asistencia religiosa un total de 146
capellanes, aunque el Gobierno recuerda que existen también
religiosos y seglares pertenecientes a la entidad pastoral
penitenciaria, que prestan sus servicios en multitud de
programas y que estas actuaciones se enmarcan en la
intervención de ONG y entidades colaboradoras en los centros
penitenciarios.
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