Algunos pretenden hacer de esta
ciudad una “isla jurídica” respecto al resto del territorio
nacional con la única intención de consolidar un proyecto
político cimentado en la exclusión social. El Debate del
Estado de la Ciudad celebrado la pasada semana puso de
manifiesto definitivamente las verdaderas intenciones de una
formación política caracterizada, desde sus comienzos
políticos, por la defensa de los intereses de una cultura
determinada de nuestra sociedad frente al interés general de
todos los ceutíes.
La coalición Caballas planteó la adopción de cuatro acuerdos
en favor de los musulmanes ceutíes, entre ellos: “promover
medidas de discriminación positiva en aquellos ámbitos en lo
que sea legalmente posible”. Una propuesta, sin ninguna
duda, en total contraposición con uno de los principios
irrenunciables incluidos en la Constitución Española, en
nuestra Carta Magna. El artículo 14 del capítulo segundo
dice así: “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social”.
Una propuesta argumentada, según el portavoz adjunto e
ideólogo de esta formación política, a pesar de no profesar
la religión musulmana, en la intención de garantizar la
igualdad efectiva entre todos los ceutíes, pero que sin
ninguna duda excluye claramente al resto de culturas de la
ciudad. El mero hecho de plantear esta propuesta supone
reconocer que este colectivo ha sufrido discriminación a
causa de injusticias sociales. Por tanto, ¿cómo defender una
supuesta igualdad introduciendo mecanismos de compensación a
favor de una cultura determinada? La respuesta en función de
los planteamientos expuestos por la formación localista es
evidente, pero dejo en sus manos responder a la misma.
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